Antonio L. Vélez Saavedra
Siex Mérida
El servicio de transporte urbano municipal se licitó para su privatización en 2012, durante la última legislatura del PP de Acedo, con la justificación de la mejor gestión y el ahorro económico que supondría.
Lo que ofrecía el ayuntamiento a las empresas para hacerse cargo del servicio eran 755.000 euros anuales, lo que puede comprobarse en la web municipal, un pago bastante reducido, por lo que solo una empresa se presentó.
Adicionalmente, como el canon anual era bajo, se le incluyó a la empresa la gestión de los parkings públicos de Atarazanas y Hernán Cortés, el servicio de grúa, y el depósito de vehículos, por los que el ayuntamiento dejó de ingresar, además del nuevo ‘impuesto’ de la zona azul.
Se adjudicó el servicio a la única empresa presentada, Autobuses Playa de San Juan, procedente de Valencia, y al hacer el contrato se hizo el ‘truco’ de incluir el recorte en kilómetros en el servicio, año tras año, hasta pasar de 700.000 km anuales a 350.000 km anuales en el octavo año, en nombre de la movilidad urbana sostenible, recortándose hasta la mitad los kilómetros de servicio de las líneas de los autobuses.
Como desde entonces no se ha realizado el recorte de kilómetros previsto en el contrato, el ayuntamiento ha tenido que ir pagando más todos los años, por los kilómetros que no se han dejado de hacer, por ello actualmente la empresa cobra alrededor de un millón y medio del ayuntamiento, el doble de por lo que se privatizó, y aproximadamente lo que costaba cuando era pública a las arcas municipales, además del resto de ingresos que la empresa recauda por el resto de servicios añadidos (parking, depósito, grúa, y zona azul), todo un negocio.
El equipo de gobierno actual decide asumir el recorte de kms previsto en el contrato, y ante las protestas de los ciudadanos pues esto es lo que hay, y el que quiera quejarse que vaya a la sede del PP a hacerlo. No le falta al alcalde razón al decir eso, el PP fue el que firmó este contrato abusivo para la ciudad, una herencia envenenada. Pero desde entonces no se ha hecho gran cosa para anular el contrato, más aún se ha mostrado en público una línea de cooperación con la empresa Valenciana, baste el reciente intento de vender como una mejora la reducción de líneas del servicio. Además, se ha mostrado mucha benevolencia con algunas infracciones cometidas por la empresa, por ejemplo, la de realquilar el parking de Hernán Cortés a una empresa de compraventa de vehículos, cuestión no permitida en el contrato,
Se ha dicho que la rescisión de dicho contrato es imposible por el alto coste del mismo, hasta 30 millones de lucro cesante habría que pagar a la empresa, mucho dinero parece a cambio de tres autobuses nuevos, la inversión más importante realizada por la empresa cuando se hizo cargo del servicio. Trasladada la cuestión al Tribunal de Cuentas, el mismo dice que hay que cumplir el contrato, pero lo que cabría preguntarle a dicho tribunal no es si el contrato hay que cumplirlo o no, sino la forma en que se hizo dicha privatización, sobre la legalidad de las cláusulas que se incluyeron en su firma, y también sobre su temporalidad, 25 años que no es lo propio para una privatización de este tipo, y que suele hacerse en otras ciudades por el tiempo de vida útil de los autobuses, unos 10 años.
El caso es que los recortes del servicio de transporte urbano son un hecho, y este es el problema de la mala privatización y a tantos años de los servicios y espacios públicos, que los platos normalmente lo pagan los demás: los políticos que vienen después, los trabajadores que son despedidos o ven minorados sus derechos, y sobre todo los ciudadanos, que además de un peor servicio tienen que complementar de sus bolsillos el pago a la empresa, que es la única que parece salir ganando.
Es muy necesaria una mayor determinación en la defensa de lo público, lo que afecta a lo que es de todos necesita un amplio consenso y mayor transparencia, para evitar que este tipo de atropellos puedan ser cometidos por los dirigentes políticos de turno que, como si les hubieran dado un cheque en blanco, deciden privatizar servicios o espacios públicos a la distancia de 25 o 40 años, y pese a que no cuentan con la aprobación ni de los ciudadanos ni del Pleno Municipal. Lo que está pasando con Vectalia en Mérida debería servirnos de lección…
