El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión no permanente de Investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que el GPP quiere investigar si «el escándalo de enchufismo de cargos y excargos socialistas en Gisvesa salpica al resto del tejido empresarial público en la comunidad autónoma».

En declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de participar en la sesión constitutiva, Sánchez Juliá ha recordado que «el GPP solicitó la creación de dicha comisión de investigación, a raíz de conocer que el 50 por ciento de las personas contratadas en la empresa pública Gisvesa tenían vinculación al PSOE de Extremadura».

El gobierno de Fernández Vara “ha convertido Gisvesa en una agencia de colocación de socialistas”, ha dicho, y ha explicado que desde el GPP quieren saber “si este modus operandi se ha extendido a las demás empresas públicas” de la región, centrándose en aquellas con mayor volumen de contratación de personal, para “constatar si se están respetando los principios de capacidad, mérito e igualdad”.

Sánchez Juliá ha señalado que “como el PP no tiene nada que esconder”, ha propuesto que la comisión de investigación abarque la última década, con la finalidad de conocer la evolución real de las contrataciones en el sector público empresarial, sobre el que de manera reiterada el GPP ha solicitado información, a través de los cauces parlamentarios correspondientes, sin éxito, porque “la Junta lleva ocultándola por activa y por pasiva”, ha comentado.

Asimismo, el portavoz ‘popular’ en la comisión de investigación ha explicado que otro de los objetivos “clave” del GPP es conocer exactamente cómo se han realizado esas contrataciones en las empresas públicas de Extremadura. “Queremos saber qué procedimientos se han seguido, cómo han sido realizadas esas contrataciones y saber cuánta gente ha participado en esos procesos de selección que nos generan muchas dudas”, ha detallado.

Según ha dicho, en el caso concreto de Gisvesa, “hemos conocido que esos procesos se han hecho a través de empresas de selección” y que los contratos a estas empresas se adjudicaron el mismo día en que se había cerrado el plazo para el envío de currículos o cuando ya estaban contratados los afectados.

“La ocultación de información por parte de la Junta y el escándalo Gisvesa constituyen una concatenación de hechos que nos han llevado a pedir esta comisión de investigación sobre todo el entramado empresarial público”, ha reiterado y ha concluido que “hay que averiguar si las empresas públicas se están usando para dar un servicio a los ciudadanos o para servirse de ellas”.

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