Advierte de las consecuencias de unos presupuestos pactados con Podemos
El Grupo Parlamentario Popular de Extremadura ha manifestado su solidaridad con las reivindicaciones laborales de los docentes de la concertada en la comunidad autónoma y ha criticado la falta de sensibilidad de la Junta para atender esta antigua demanda que busca acabar con una situación de desigualdad entre docentes de centros educativos sostenidos con fondos públicos.
La portavoz del GPP, Cristina Teniente, y la portavoz parlamentaria del PP en materia de Educación, Pilar Pérez, han acompañado a un grupo de docentes de la concertada que se han manifestado a puertas de la Asamblea de Extremadura para exigir al Ejecutivo socialista que les trate en igualdad de condiciones y en ese breve encuentro han trasladado a los afectados el apoyo a sus demandas.
Según ha explicado la portavoz de Educación, los docentes de la concertada son los “únicos” que están prestando un servicio público y que aún no han recuperado la paga extra correspondiente al año 2012. Además, ha dicho, la Junta congeló su salario en 2016, y en 2017 solo ha abonado la subida salarial del 1% correspondiente a un mes de los once del año que ya se han consumido.
“La Junta ha convertido a los docentes extremeños de la concertada en los que menos cobran de todo el país”, junto a los asturianos, ha indicado Pérez, quien ha valorado que “lo único que están haciendo estos profesores es pedir lo que es suyo y nada más”.
La portavoz de Educación del GPP ha advertido de que el trato “deplorable” que han estado recibiendo los docentes de la concertada en los dos años y medio de legislatura puede verse “seriamente agravado” si finalmente el gobierno de Fernández Vara pacta las cuentas de 2018 con Podemos.
“La asociación presupuestaria con Podemos puede suponer la voladura de la concertada en nuestra región”, ha vaticinado Pilar Pérez, para quien ambos partidos “han dado sobradas muestras de estar en contra de la educación concertada”. Al respecto, ha recordado, que las enmiendas del GPP en favor de este colectivo han sido rechazadas “siempre” por el bloque PSOE-Podemos.
Pérez ha asegurado que el GPP seguirá trabajando para “defender” a todos los centros sostenidos con fondos públicos sin distinción y ha avanzado que reclamarán a la administración socialista garantías económicas para su normal funcionamiento.
