Izquierda Unida-Mérida califica como recortes la modificación del servicio de autobuses urbanos y los vincula a la privatización del servicio realizada por el PP.
Los despidos planteados por la empresa y la disminución del recorrido de las líneas en un 50% de su recorrido actual, son una consecuencia directa de la aplicación de la privatización aprobada por el gobierno anterior del Partido Popular, y que viene a demostrar las graves consecuencias que conlleva la privatización de los servicios públicos sobre la calidad de los mismos y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Las declaraciones del actual delegado municipal que viene a defender estos recortes, supone una cambio de postura del PSOE frente a la privatización del servicio a la que se opuso firmemente en su momento.
El discurso del gobierno municipal viene a vincular la privatización de los servicios públicos con la mejora en la gestión, a pesar de que la aplicación de este contrato supondrá una disminución del número de kilómetros que anualmente realizará el servicio de transporte urbano, que en un periodo de ocho años deberá disminuirse desde los 709.702 Km/año que realiza actualmente a los 354.658 Km/año comprometidos en el contrato, es decir una reducción del 49,97%.
La realidad de estas cifras pone en tela de juicio el optimismo mostrado por el gobierno municipal, ya que un recorte de esta magnitud se traducirá inevitablemente en un empeoramiento de la calidad del servicio.
Por otra parte, queremos recordar que uno de los argumentos para la privatización fue el de la reducción del coste del servicio, y que se ha visto desmentido en buena medida tras varios años de aplicación del contrato, pues si bien en principio su coste se calculaba en 750.000 euros al año, en la actualidad esta cifra se sitúa en los 1.400.000 euros, según consta en la última liquidación del presupuesto facilitada en su momento por el gobierno municipal.
En tercer lugar, la disparidad entre las condiciones que en su momento se establecieron por el Ayuntamiento para la gestión del servicio, y las condiciones que finalmente aceptó el propio Ayuntamiento son de tal magnitud que nos lleva a concluir que, o bien se produjeron algunas prácticas corruptas en su tramitación, o bien el proceso de licitación se gestionó con una incompetencia profesional que limita con el delito.
Así, mientras en los pliegos que regularon la licitación se establecen las condiciones que la empresa adjudicataria debería cumplir en la gestión del servicio; por su parte, el contrato por el que se adjudica y se constatan las condiciones del servicio establecen otras, absolutamente contrarias a las dispuestas en los pliegos, lo que entra en contradicción flagrante con la normativa que regulaba este proceso.
En nuestra opinión, estos hechos viene a demostrar cuales son los efectos de un modelo de gestión que tiene por objeto convertir la prestación de un servicio público en un negocio en beneficio de los intereses de una empresa privada; mientras que no deja de sorprendernos la postura del equipo de gobierno ante las consecuencias de un proceso de privatización -al que se opuso en su momento- y que se traducen en el despido de trabajadores y en la reducción de las prestaciones del servicio.
Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.
