LA LETRA PEQUEÑA

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Antonio L. Vélez Saavedra

SIEX Mérida


Hace poco más de tres años que se privatizó la gestión de los transportes urbanos a la empresa valenciana Vectalia, este contrato leonino ha sido denunciado en repetidas ocasiones por SIEx Mérida, y ya a día de hoy podemos comprobar, a muy pocos años desde su firma y hasta su final en !!2038!!, que se trata de un contrato totalmente insostenible para la ciudad. 

La gestión de los autobuses suele ser deficitaria, y es por eso que se añadió como compensación la gestión de la zona azul, los aparcamientos, la grúa y el depósito de vehículos. Y todo y con todo eso aún se estipuló que con estos ingresos tampoco se garantizaba cubrir los costes del servicio de transportes urbanos, por lo que también se incluyó un pago anual de 755.101,58 euros, y un recorte del servicio que va reduciendo anualmente los kilómetros realizados por los autobuses hasta quedarlos en la mitad en el año octavo de la concesión, de 700.000 a 350.000 kilómetros con la excusa de hacer sostenible la movilidad urbana, reducción que no se está haciendo y por la que hay que compensar igualmente a la empresa adjudicataria, incrementando el pago anual por ‘exceso de kilometraje’ hasta más de un millón de euros anuales.

Todas estas garantías van en contra del principio de Riesgo y Ventura, que figura en la Ley de Contratos del Sector Público y que es un elemento básico de las relaciones jurídicas de los contratos administrativos y que supone, en resumen, que en el libre mercado y en el ejercicio de una actividad comercial, al empresario le puede ir bien y le puede ir mal y del mismo modo que en una aventura empresarial se puede ganar mucho dinero, también se puede ganar menos o incluso perder. En este caso del contrato de gestión del transporte urbano de Mérida, se ha garantizado por contrato a la empresa no solo la cobertura de todos los riesgos de su actividad, sino que le además se le aseguran los beneficios, a cargo del Ayuntamiento y durante 25 años, interpretando de este modo el equilibrio económico-financiero del contrato de forma abusiva en contra de los intereses de Mérida.

Actualmente, según la prensa, el equipo de gobierno se dispone a iniciar una modificación del contrato de adjudicación. Al parecer uno de los objetivos es reducir el número de plazas de zona azul, así como reformar la ordenanza fiscal que regula estos servicios. Asimismo, también se abordarán otras cuestiones, pero la portavoz municipal y delegada de Hacienda no quiso desvelar de qué se trata debido a las negociaciones abiertas con Vectalia.

La reducción de la zona azul está claro que debe ser un objetivo de dicha negociación, sobre todo en las calles que no están en la zona comercial, en donde se está perjudicando a los residentes de las mismas. Pero añadiría que la reducción se hiciera sobre las plazas existentes, no se vaya a vender como éxito el que no se pongan más de las que hay actualmente. Y dentro de las otras cuestiones que se negociaran, entiendo que estará la pretensión lógica por parte del equipo de gobierno de una reducción o al menos un no incremento del pago adicional que anualmente tiene que hacer el ayuntamiento a la empresa de transportes.

Lo que ya no se entiende bien es el secretismo con el que se tratan desde el inicio del contrato las conversaciones y negociaciones con esta empresa, una falta de transparencia inquietante, al igual que la intención de llevar a la Junta de Gobierno Local la propuesta concreta de modificación del contrato. Este contrato ya fue aprobado unilateralmente en JGL por un gobierno muy torpe o muy interesado, ¿porqué no contar con la democrática aprobación del Pleno del Ayuntamiento?, como sin duda debería hacerse siempre con las cuestiones de importancia y sobre todo si afectan durante un largo periodo de tiempo a la ciudad, llámense kioscos de la Plaza de España, Mercado de Calatrava, o Transporte Público.

Con todo esto lo ideal es que se revise a fondo no solo la letra pequeña del contrato: duración, pagos, plazas de zona azul, etc.., sino también el contrato mismo ya que, más allá de su legitimidad, supone un claro perjuicio para la economía del ayuntamiento y del bolsillo de los emeritenses, y siendo así, el objetivo no puede ser otro que su anulación, con la consecuente remunicipalización de los servicios, evitando no solo el obligatorio gasto anual, aun más, asegurando así que el beneficio de esa gestión se quedara en nuestra ciudad.

 

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