Álvaro Vázquez
Portavoz IU Mérida
Durante las últimas semanas la actualidad política municipal ha estado marcada por un noticia: la posible instalación en una planta azucarera a cuatro kilómetros de nuestra ciudad. Y la verdad es que no es para menos. El proyecto contempla la apertura de una industria que se situaría como el proyecto empresarial más importante, no de nuestra ciudad, si no de región. La facturación prevista por sus promotores se sitúa en torno a los 450 millones de euros al año, y el coste de instalación en torno a unos 400 millones.
El anuncio ha venido como caído del cielo para todos aquellos que depositan sus esperanzas en este proyecto como motor de la economía local y la generación de empelo en un localidad en el que el azote del paro afecta a más de 7000 personas
Pero evidentemente, todo no es tan sencillo, ni puede serlo. La instalación de la azucarera viene motivada por la finalización de cupo azucarero impuesto por parte de la Unión Europea, que hasta la fecha viene a limitar la producción de azúcar que puede producir cada país, debiendo por tanto adquirir el resto de sus necesidades en el mercado internacional. El levantamiento de este cupo significa que a partir de este momento, cualquier industria podrá instalarse en nuestro país y producir el volumen de azúcar que demande el mercado español, en el que la cantidad de azúcar que consumimos es muy superior a la que producimos dentro de nuestras propias fronteras.
Pero el asunto no acaba ahí. A Mérida le ha salido un competidor, la ciudad de York, que con las mismas se plantea por parte de la empresa como una de las posibles opciones para la instalación de su proyecto. La respuesta del equipo municipal no se ha hecho esperar. La pretensión del gobierno encabezado por Rodríguez Osuna para intentar convencer a los promotores de que la decisión más adecuada es la de ubicar esta industria en nuestra ciudad se ha traducido en la aprobación de una propuesta de exenciones fiscales redactadas al dictado de la propia empresa, y que –grosso modo- permite a la empresa reducir el pago de algunos impuestos municipales hasta en un 95% durante los próximo siete años.
Ante esta situación la pregunta ineludible es la siguiente: ¿es necesaria esta reducción de impuestos para que la azucarera se instale en nuestra ciudad? Nosotros creemos que no. El coste y la magnitud del proyecto es tal que la relevancia de los impuestos en el conjunto del sus costes se nos antoja menor, desde el momento en el que se advierta sus verdaderas dimensiones y naturaleza.
El levantamiento del cupo sobre la producción de azúcar en nuestra ciudad supone una oportunidad de negocio única para todos aquellos que literalmente podrían llegar a dominar el mercado nacional del azúcar en el que únicamente operarían un número muy reducido de empresas, y que en virtud de las prohibiciones impuestas por normativa europea ahora mismo se encuentra virgen, a la espera de que alguien se instale en España y comience a producir y vender azúcar a todo pasto. O dicho de otro modo, esto es no es más que una carrera en el que el vencedor será el que primero llegue se queda con el premio gordo y con las migajas también. El factor decisivo es el tiempo.
Es cierto que la legislación es más permisiva que la española en el tratamiento fiscal de este tipo de proyectos, por ello el gobierno municipal se ha aventurado a reducir todo los impuestos que la ley le permite, pero también lo es que la implantación de este proyecto en la ciudad de York, requiere la realización de modificaciones de planeamiento urbanístico que podrían demorarse durante al menos dos años. Otra vez el tiempo. Visto que la empresa espera facturar unos 450 millones al año, y que la expectativa de triunfo reside en llegar el primero, en nuestra opinión, este periodo de espera dificulta muy mucho las opciones de nuestra competidora.
Muy al contrario, la ciudad de Mérida disfruta de algunas de las ventajas que permiten hacer realidad el sueño de acelerar el tiempo para disminuirlo. La existencia de un polígono en condiciones de explotación-más o menos-, la ¿diligencia? de la administración regional a la hora de tramitar las autorizaciones medioambientales que en otras latitudes tardaría años, la proximidad de campos adecuados al cultivo masivo de remolacha y el acceso a las infraestructuras de transporte y gas necesarias, hacen que el objetivo de los promotores de empezar cuanto antes, para llegar antes que nadie, pueda hacerse realidad en nuestra ciudad con mayor certeza que en otros lugares. Esa es la clave, el tiempo.
¿Qué papel juegan por tanto el pago de los impuestos municipales en la decisión que finalmente adopte la empresa? Recordemos que en los siete años de exención que Pues más bien poco, o ninguno. Es más, a pesar de las reducciones aprobadas, los impuestos que pagará la empresa en España será superiores a los que en su caso tendría que pagar en Inglaterra. ¿Por qué entonces la empresa se ha planteado instalarse en un sitio donde siempre tendrá que pagar más? Pues porque esa no es la clave. Conclusión: los impuestos municipales no son la clave para determinar la instalación de esta industria en nuestra ciudad, por lo que reducírselos en semejantes porcentajes no tiene sentido.
Muchas son las cuestiones al respecto que se quedan en el tintero y que no podemos tratar ahora por falta de espacio, como por ejemplo las implicaciones medioambientales, las relaciones clientelares a las que podrían dar lugar, su impacto en el conjunto del campo extremeño, o el papel de unas administraciones rendidas ante las grandes empresas ante las que se siente poco menos que impotentes. Pero eso ya tendrá que ser otro día. No hay papel para tanto, ni cuerpo que lo resista.
