Luis Manuel Sánchez González

Arqueólogo y Antropólogo Social y Cultural



En ocasiones vemos en las noticias a diferentes representantes de la administración pública publicando a bombo y platillo la declaración como Bien de Interés Cultural de un determinado monumento o edificio. Pero ¿y ahora qué? Muchos de estos edificios acaban siendo abandonados, y vemos como con el tiempo se van deteriorando ante la pasividad de estas mismas administraciones públicas.

En España, a nivel nacional contamos con la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español, desarrollada posteriormente por las diferentes leyes autonómicas. Es esta ley la que, entre otros muchos aspectos relacionados con el Patrimonio español, nos marca las directrices a seguir ante la declaración de un monumento como de Interés Cultural. Así, por ejemplo, en su art. 36.1 nos encontramos con que “Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.” También en su art. 36.3 se nos anuncia que “Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1.º de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad”. Diciéndonos a continuación el art. 36.4 que “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural por la Administración competente”.

Entonces, ¿si existe la ley, por qué no se cumple? No es difícil encontrase con muchos edificios con esta protección abandonados deteriorándose poco a poco. Como ejemplo, entre muchos, podemos nombrar el Convento de San Antonio de Padua situado en la localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar. Se trata de un complejo arquitectónico con un indudable valor histórico y artístico declarado como BIC en 1991 con la categoría de monumento que poco a poco va siendo expoliado y sus muros desmoronándose ante la atenta mirada de los amantes de este tipo de obras.

Si existe la ley debería cumplirse o por lo menos hacerla cumplir. Con ello ganaríamos en riqueza patrimonial para el disfrute de la población y el aumento del turismo cultural en una región tan rica en este tipo de patrimonio, y en la que vemos como muchos de sus monumentos van deteriorándose progresivamente.

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