Nota de Prensa Campamento Dignidad


No entendemos como las autoridades regionales, tanto la Delegación del Gobierno como la Junta de Extremadura, no se oponen radicalmente a estos cortes en un momento en los que la situación económica ahoga y asfixia a las clases sociales más humildes que son las residentes en estos barrios periféricos.

Es curioso que una compañía eléctrica con miles de millones de beneficios tenga la desfachatez de decir que los enganches ilegales pueden conducir a un desequilibrio económico en el sector, y además no haya ninguna autoridad regional que salga a desmentir estas declaraciones que nítidamente aparecen en la prensa regional del día de hoy, 20 de Abril.

Tampoco entendemos como a los dirigentes políticos de la Comunidad Extremeña no se les cae la cara de vergüenza si fueran conscientes de las conclusiones que se deducen cuando se dice que miles de extremeños realizan enganches ilegales. Cuando en un territorio se dan estas situaciones es por la pobreza y la precariedad, por la falta de recursos económicos de quienes habitan en ese territorio. Cuando se carece de medios, la necesidad obliga a las personas a correr los riesgos de sufrir descargas al enganchar la luz de forma irregular; para poder sobrevivir tienen que recurrir a la irregularidad. Cuando se tienen recursos económicos suficientes no hay necesidad de enganches ilegales ni nada de economía sumergida.

Nuestras administraciones públicas parece que no se quieren enterar de que en Extremadura hay una situación generalizada de pobreza, con casi el 50 % de la población en riesgos de exclusión social, porcentajes que subirán bastante a consecuencia de la actual crisis sanitaria y económica.

Estas empresas eléctricas, que les importa un comino que las familias pasen hambre y necesidad, y lo que les interesa por encima de todo es obtener buenos beneficios, pero su negocio también se sustenta en la “fabricación de humanismo” y así, quieren darnos lecciones solidarias y nos dicen que los enganches ilegales de luz repercuten negativamente sobre la sociedad, y en especial en los vecinos que viven en el entorno de los lugares en donde se producen esos comportamientos irregulares. A estas alturas nadie puede negar que el precio de la luz en España es de los más altos de Europa y del Mundo. La factura de la luz sube sin interrupción alcanzando máximos que se superan días a días.

Conviene recordar que desde la CNMV o desde instituciones, consumidores y asociaciones se elevan continuamente denuncias contra las compañías eléctricas por sus comportamientos, unas veces relacionados con los intentos de fraudes, discrepancias en las mediciones de los consumos o facturas, o por diferentes circunstancias.

Por recordar sólo algunos ejemplos:
– La Asociación FACUA, a primeros de año 2020, interpuso una denuncia ante el Ministerio de Consumo y las Administraciones Autonómicas contra las empresas eléctricas y comercializadoras por fraudes en las tarifas que anuncian, omitiendo los impuestos indirectos en su publicidad, e induciendo a creer a los consumidores que sus tarifas son mucho más bajas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores revela que en 2017 se pusieron unas 1.130.000 denuncias, la mitad de ellas relacionadas por discrepancias en las mediciones del consumo y la facturación, y una denuncia de 300.000 euros a Endesa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por infracciones graves como consecuencia del incumplimiento de los requisitos para la contratación, etc.
– Nos parece ridículo que desde las compañías eléctricas se diga que los enganches ilegales pueden producir un desequilibrio en sus economías. Basta recordar que según un informe realizado por el diario Público “las tres grandes compañías, Endesa, Iberdrola y Naturgy, suman 5.770 millones de ganancias netas en 2018 con un avance del 14,3% sobre el resultado de 2017 mientras la demanda de electricidad solo crece un 0,4%”.
– No hay que ser unos linces para sospechar que las compañías eléctricas pactan y acuerdan el reparto de los mercados a su capricho, y la fijación de los precios a pagar por consumidores de toda clase, ciudadanos y empresas. Por algo, el sector eléctrico es con la Banca el sector con más poder e influencia en el Estado español. No es un grupo empresarial más es uno de los grupos en los que se apoya el capitalismo español. Por eso, no resulta nada extraño que los partidos políticos que han ocupado y ocupan el poder les hayan mimado, y a su vez en estas compañías eléctricas han encontrado refugio para asegurar una exitosa jubilación. No es necesario poner ejemplos porque todos sabemos a quienes nos referimos. Su poder es tal que estas empresas se niegan a que se realice una auditoría de sus cuentas mientras hay millones de personas y familias en la pobreza energética.

Los gobiernos tienen que intervenir decisivamente en el sector y establecer tarifas reguladas que estén al alcance de los sectores sociales más humildes, y acabar de una vez con las decisiones de estas compañías que tienen vía libre para establecer sus precios.

Por tanto, nuevamente exigimos a las autoridades regionales, Delegación del Gobierno y Junta de Extremadura que intervengan para que se paralicen los cortes de electricidad, y se vaya pensando en que la luz es un elemento básico para la vida humana que tiene que ser público.

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