A la vez que realizamos estas tareas de distribución de alimentos a los más necesitados, denunciamos la insensibilidad de las autoridades políticas regionales con la que contribuyen con sus normativas y burocracias a que las personas vivan en unos niveles de pobreza y necesidad material no entendibles en pleno siglo XXI.

En nuestra región, en nuestros pueblos hay un buen número de familias sin ingreso alguno, con el paso de los días crece a marchas forzadas el ejército de la precariedad y la miseria.

En nuestra Comunidad la casuística que fundamenta esta situación de pobreza y escasez es muy variada, y con difícil encaje en las normativas gubernamentales al proceder de una economía sumergida que está a la cabeza de país, y que según las estadísticas alcanza niveles próximos al 30 % de su PIB, que son muchos millones de euros.

El panorama económico-social no es muy alentador. Hay familias esperando que les renueven la renta básica o esperando que le aprueben la nueva renta garantizada, a otras se la quitan por que uno de los miembros de la pareja ha trabajado algunos días, otras no ingresan nada y viven en la incertidumbre de que se les corte la luz Y pendientes de acogerse a unos Mínimos Vitales que aún están paralizados, hay pensionistas con menos de 400 euros incapaces de alcanzar el pago del alquiler, trabajadoras a las que sin diagnostico alguna se les asigna el coronavirus, se las confina durante 14 días y sospechan de que una vez estén recuperadas se las echará del trabajo, personas en paro que tienen cortada el agua y están en viviendas recuperadas sin acceso al agua corriente que es el elemento vital más importante para llevar una vida sana y sin riesgos de contagio del virus, etc..

Ha llegado el momento de actuar desde lo colectivo con acciones que sensibilicen a los gobiernos para que sean sensibles con la gente que vive en la pobreza y exclusión social.

No podemos quedarnos quietos y aceptar la humillación que supone vivir arrodillados ante los poderosos, es el momento de la unidad de los oprimidos y de la organización de clase.

Para afrontar la supervivencia después de esta crisis sanitaria serán necesarias medidas que eran impensables hace unos meses. No serán suficientes las ayudas sociales para que nadie se quede atrás, habrá que ir más lejos.

Con las ayudas sociales y prestaciones que no llegan al salario mínimo será difícil que los afectados por la crisis, trabajadores, autónomos, pequeños empresarios, puedan pagar los suministros básicos para la vida, luz, el agua, gas, la hipoteca o el alquiler de la vivienda, etc..

Nuestro grito por la justicia debe ser tal que conciencie y obligue a los gobiernos a ejecutar acciones reales y tangibles en apoyo de quienes están próximos a la exclusión social.

Los gobiernos deben responder con transformaciones económicas y sociales que pongan los recursos y las fuerzas productivas del país al servicio de las clases trabajadoras.

Los obstáculos para que triunfe la solidaridad y la justicia están siendo enormes y van a seguir siendo inmensos por el conservadurismo, la dejación y el poco interés de los poderes públicos por los más desamparados de la sociedad, pero con nuestra voluntad de lucha y la fuerza que nos debe dar la unidad y organización saldremos adelante. En esto está el Campamento Dignidad.

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