Agustín Plaza Aguado


Las pasadas semanas nuestra Comunidad ha sido noticia , a nivel regional y nacional, por la nefasta sentencia del Tribunal Supremo que considera que el complejo de recreo de lujo Isla de Valdecañas debe ser demolido en su totalidad y el terreno que ocupa debe ser restituido a su estado original., o lo que es lo mismo, deberán ser demolidas 185 viviendas, muchas de ellas habitadas desde hace una década, más un hotel, instalaciones de pádel, tenis, hípica y fútbol, un campo de golf y una marina, aparte de las infraestructuras que dan acceso y servicios al complejo., estimándose un coste para la Comunidad autónoma de unos 202 millones de euros más intereses.

Como es norma en gran parte de la prensa regional y nacional, la información que nos aportan es sesgada y no siempre correcta, la sociedad extremeña debería saber que este proyecto inició su andadura a comienzos de años 2000, sobre una isla en el embalse de Valdecañas, en un momento en el que no contaba con protección, de hecho, esa zona estaba abandonada y muy degradada tras haber servido para la industria maderera y la ganadería, allí se depositaban sin control desde frigoríficos, colchones, escombros, basura, animales muertos y todo tipo de basura, con lo que los peligros de incendios eran constantes y además todo rodeado de eucaliptos, árbol que acidifica el suelo ,eliminando las bases y haciendo muy difícil el nacimiento de nuevas especies arbóreas.

A mitad del proyecto se declara esa zona como de protección de aves y posteriormente parte de la Red Natura 2000.

Debido a este cambio la junta de Extremadura lo apoyó como un proyecto de interés regional (P.I.R) en una zona muy depauperada. Tanto PSOE como PP se manifestaron a favor del proyecto, con lo que la representación de apoyo político suponía prácticamente el100%.

Es importante conocer que La isla de Valdecañas cuenta con una superficie de 134,5 hectáreas, lo que supone aproximadamente sólo un 1,63% del total de la superficie (7.600 hectáreas) de la ZEPA incluida en la Red Natural 2000.

Afortunadamente podemos ver las imágenes captadas por satélite en Google, que nos permiten comprobar cómo ha cambiado la geografía de Isla de Valdecañas desde 1984, tras la construcción del hotel y las viviendas, la conclusión es evidente y contrastable: antes del desarrollo residencial actual, la zona estaba poblada únicamente por eucaliptos y en parte servía de vertedero. Hoy es un espacio de gran biodiversidad, con una nutrida flora y fauna, en donde las zonas verdes ocupan el 90% de su territorio, con más de 200.000 plantas, árboles y arbustos y 28 especies de aves y mamíferos que no estaban antes.

Una denuncia de Ecologistas en Acción y Adenex puso en marcha el proceso judicial que ha desembocado en esta sentencia., sin entrar en detalle, y tras distintas sentencias sobre el proyecto, el TSJEX decidió en 2020 que la mejor forma de ejecutar la sentencia era dejar funcionando la parte ya construida del resort y demoler sólo lo no desarrollado. Y esa era la situación cuando el Supremo ha ordenado la demolición completa.

Los que analizamos la realidad desde un planteamiento economicista, siempre nos hacemos la misma pregunta ¿A quién beneficia todo esto?»,
A la sostenibilidad medioambiental sin duda no, pues la realidad anterior era mucho peor que la actual, porque durante muchos años fue un vertedero, una escombrera, y ahora quedaría totalmente abandonado».
Tampoco Al entorno poblacional El Gordo (400 habitantes) y Berrocalejo (108)- así como otras poblaciones cercanas, como Oropesa (Toledo) y Navalmoral de la Mata, núcleos poblaciones más amplios, se han beneficiado social y económicamente de la ‘vida’ que les ha dado el complejo turístico, que, por aportar más datos, da empleo a unas 100 personas de manera directa (35 indefinidos y 65 eventuales) y unos 200 indirectos en toda la comarca.

Como consecuencia de la sentencia de 2020, El catedrático Julián Mora Aliseda, realizó un exhaustivo informe sobre el proyecto que fue evaluado por los magistrados del TSJEx, en el mismo, refleja no sólo que la isla consiguió multiplicar por 93 veces la superficie natural protegida, sino que se produjo un impacto económico muy positivo mejorando la calidad de vida del entorno, datos que contrastan «con el declive generalizado del mundo rural en España y Extremadura».

Desde otro punto de vista, no menos importante, la sentencia provoca una «gran inseguridad jurídica» para otros proyectos que puedan recalar en Extremadura y en cualquier otra Comunidad autónoma

En este mismo medio, hace ya tiempo, escribía sobre la necesidad de revisar las zonas protegidas en Extremadura, pues no sólo con motivo de esta aberrante sentencia y de otras muchas con menor incidencia mediática, sino con el día a día, que nos tiene a empresas y particulares sometidos a la dictadura de unas normas absurdas en unos casos , erróneas en muchos otros y contrarias al desarrollo económico, social y ecológico de nuestra región, siendo uno de los causantes directos de la despoblación y del abandono del mundo rural.

Ese apoyo institucional histórico de nuestra Región al ecologismo de pose y moda, (de pseudoculturetas que no conocen el campo más allá de hacerse unas rutas senderistas con cuatro fotos y que ni viven del campo ni han pagado una nómina en su vida, pero que cuentan con sueldos fijos (en muchos casos de la administración) y , dominan como nadie las subvenciones y el qué hay de lo mío!!!!) no tiene hoy día ningún sentido y todos los partidos políticos serios deberían planteárselo, pues nadie con más criterio y sentido ecologista que el propio agricultor o ganadero y los ciudadanos con su propio territorio.

Por dar algún dato, Ecologistas en Acción en 2020 tenía un presupuesto de 1.271.000€ y desde el Ministerio para la transición ecológica y la Fundación Biodiversidad obtuvieron subvenciones por cerca de 1.130.000€ o lo que es lo mismo cerca del 90% son subvenciones públicas

El presidente Vara ya ha manifestado públicamente su oposición a la destrucción y la intención de iniciar medidas jurídicas recurriendo la sentencia, también José Antonio Monago, ha calificado como «despropósito» que se tenga que derribar, al tiempo que ha pedido a la Junta que recurra la sentencia del Supremo “al Tribunal Constitucional, a Estrasburgo o a Marte si algún día hay un tribunal allí». Que tenga cuidado el líder del PP, no vaya a ser que estos ecololistos, además de ser profesionales de la subvención lo sean también de iniciar una normativa de especial Protección marciana.

De momento con la ayuda de esta sentencia van camino de conseguir que el magnífico paraje actual Marina Isla de Valdecañas vuelva a recuperar su antiguo nombre “Cerro del burro”.

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