Álvaro Vázquez Pinheiro y Montserrat Girón Abumalham

Unidas por Mérida (Izquierda Unida –Podemos)


La política debe(ría) vincular su actividad al orden de prioridades de la población. Parece una idea tan evidente que ponerla en cuestión es poco menos que un indicio de estupidez, salvo cuando la realidad nos muestra que el día a día se cierne según criterios bien distintos. Resulta un lugar común que los distintos gobiernos no dudan en sacar brillo de las iniciativas que entienden como las más notorias, o lo que es lo mismo, a todas aquellas decisiones que entienden que tiene más rédito electoral. El bombo y el platillo acompañan a todas aquellas decisiones que se perfilan como un supuesto salto cualitativo en la proyección de una ciudad: grandes eventos o conciertos son el tipo de acontecimientos que se supone ponen a un municipio en el centro de la geografía de la actualidad.

Todos hemos escuchado por boca de otros tantos las virtudes de estos episodios que -según nos cuentan- transformarán nuestro entorno por obra y milagro de una sucesión de novedades deslumbrantes que harán de nuestra ciudad, de nuestra región, o incluso de nuestro país un lugar más cómodo y más próspero. Y aquí vale todo, la organización de una serie de conciertos ¿os suena?, la llegada del AVE o la celebración de cualquier evento que marcará un antes y un después.

Con la caída del telón, todo sigue más o menos igual, las neveras siguen más o menos vacías y el fin de mes resulta tan lejano como de costumbre, pero un halo de satisfacción recorre a todos aquellos que han situado estos acontecimientos en el lugar central de la agenda política y social. Mérida también es un ejemplo de todo esto.

El truco es tan viejo como el COBI, -no confundir con el COVID, por favor- por eso no deja de llamar la atención el modo en el que lo superfluo gana siempre la centralidad a las cuestiones que realmente son las que afectan diariamente a los vecinos y vecinas. La mala calidad del alumbrado público de nuestra ciudad es un ejemplo tan bueno como otros tantos para poner de manifiesto esta situación.

Ya son varias las veces en las que Unidas por Mérida ha llamado la atención sobre la mala iluminación del alumbrado público en nuestra ciudad, sin que hasta ahora haya sido una cuestión que haya adquirido verdadera transcendencia pública. Y lo cierto es que el asunto tiene su miga. Basta pasear – y no digamos conducir- por muchas de las calles de los barrios de nuestra ciudad, para darnos cuenta del penoso servicio de alumbrado público que recibe Mérida. El único requisito para no darse cuenta de esta situación es la fuerza de la costumbre.

El servicio de alumbrado público fue privatizado por el PP en la última legislatura de Pedro Acedo. Como en tantas ocasiones se nos prometió un servicio más eficaz y una disminución del coste del servicio y lo cierto es que, tras la privatización, básicamente nos quedamos a oscuras. No es la primera vez en la que un proceso de privatización acaba en fiasco- menos para la empresa, claro está- ejemplos hay varios y son conocidos -ya fueren los autobuses o la recogida de la basura- en una ciudad en la que se han llegado a privatizar incluso los clubes de lectura que organiza el ayuntamiento.

De nuevo el relumbrón de las grandes iniciativas se troncha la testa con la tozudez que demuestran la precariedad de los servicios públicos que resultan de uso diario para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y es que el estado de la iluminación no es una mera cuestión de imagen o de estética. El alumbrado público es un elemento muy a considerar en extremos tan relevantes como la seguridad de los peatones y los conductores o la seguridad y el orden público, sin que a pesar de ello nos dignemos a reivindicar la prestación de un servicio municipal básico, que además de ser un signo de civilización y orden es, además, un imperativo legal que tantos gobiernos parecen olvidar. Aquí estamos para recordárselo.

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