La portavoz municipal Carmen Yáñez y la delegada de Recursos Humanos Mercedes Carmona, han dado a conocer las bases para optar a una de las 63 plazas que oferta el Ayuntamiento a través del Plan de Empleo Social (II fase). Los contratados comenzarán a trabajar el 1 de junio hasta el 31 de diciembre. Se abrirá un plazo de siete días hábiles para presentar solicitudes, a contar desde la publicación de las bases en el B.O.P., algo que se espera ocurra mañana martes.
La portavoz Carmen Yáñez ha dicho que las bases forman parte del acuerdo presupuestario que el equipo de gobierno firmó en marzo con IU y Mérida Participa, y en el que uno de los puntos hacía referencia al empleo y la participación en la elaboración de las distintas bases que redacte el Ayuntamiento.
“La elaboración de las bases”, añade, “las ha hecho la delegación de Personal, pero se han enriquecido con las aportaciones de los dos grupos y de las centrales sindicales con representación municipal CC OO, UGT y CSIF. El peso fundamental en las bases es el que determina la legislación y el decreto de la Junta, pero hay una parte potestativa del ayuntamiento”.
Ha incidido en que los contratados tendrán un salario equiparado al convenio del ayuntamiento, “con los mismos derechos y obligaciones del resto de empleados públicos”, y ha recordado que la equiparación al convenio laboral no se hacía en la anterior legislatura.
La delegada de Recursos Humanos ha señalado que la convocatoria de siete días hábiles para presentar solicitudes, “será del 16 al 24 de mayo”, y los contratados cubrirán una jornada del 70%. Agradeció a las centrales sindicales y “a los grupos políticos más progresistas” su apoyo, “que ha servido para hacer unas bases más sociales y acordes con los tiempos”; y dijo que las solicitudes se podrán entregar en Registro o a través de la Ventanilla Única.
La portavoz y delegada de Hacienda señaló que no puede llegarse al 100% de la jornada laboral, por las limitaciones Plan de Ajuste. En esta fase del Plan de Empleo Social el ayuntamiento aporta 108.000 euros y la Junta 378.000 euros.
