Álvaro Vázquez Pinheiro y Montserrat Girón Abumalham

Unidas por Mérida (Izquierda Unida –Podemos)


El centro psiquiátrico de Mérida se ha convertido en noticia en los últimos meses. Las agresiones sufridas por parte de los trabajadores ayudaron a centrar la atención sobre estas dependencias, hasta el punto de terminar  por poner de manifiesto la situación de abandono que le dedica a la Junta de Extremadura a los centros de salud mental de nuestra región.

La salud mental siempre ha sido la hermana pobre de nuestro sistema sanitario. Pobre es poco, en realidad. La estigmatización social que sufren los pacientes que sufren enfermedades mentales puede ser una de las causas más relevantes, pero posiblemente no la única.

En las últimas fechas, el gobierno regional ha anunciado inversiones para mejorar las condiciones en las que viven los pacientes, y en las que desempeñan su trabajo las personas que trabajan en este centro, sin que hasta el anuncio parezca muy distinto de otros que se produjeron en momentos anteriores.

Por lo pronto, nuestro querido Vergeles empezó mal. Según tan alta autoridad, las inversiones están destinadas a mejorar las condiciones de los más de 30 pacientes que se encuentran en tratamiento en estas dependencias. Lo cierto es que no son 30, son más 100. Mal empezamos señor consejero.

El centro psiquiátrico de Mérida está compuesto por ocho pabellones, de los que dos dependen del SES, y los seis restantes dependen del SEPAD. En estos últimos, se encuentran los pacientes que sufren enfermedades mentales crónicas, la mayoría de edad bastante avanzada y sin ninguna red social o afectiva de apoyo, y que –a día de hoy- se encuentran prácticamente abandonados por la administración sanitaria de nuestra región.

Habrá quién todo esto lo ponga en duda –eso no es malo- pero lo cierto que en Mérida disponemos de un centro psiquiátrico, sin psiquiatras. Un hecho que en nuestra opinión resulta bastante significativo.

Para darnos cuenta de la relevancia de aquello de lo que estamos hablando, únicamente deberíamos hacernos una pregunta: ¿en qué otro tipo de instalaciones dedicadas al cuidado de personas se dan situaciones de abandono? La respuesta más habitual es la siguiente: en las residencias de ancianos, o de la tercera edad, si se quiere.

Nuestra sociedad desahucia -social y materialmente- a los enfermos que sufren patologías mentales y las personas que no pueden trabajar por motivos de edad. Ese es el motivo por el que la administración no se preocupa por estos “ciudadanos de segunda”. Maltratarlos no supone ningún coste político para las administraciones, ni para los gobiernos.

El ejercicio de la política consiste básicamente en el hecho de elegir. Debes decidir qué hacer, y que no hacer; debes asumir tus prioridades y ejecutar las políticas que se deducen de las mismas. ¿Cuántas obras se han realizado en los últimos diez años para fines con menor importancia?¿Cuántos procesos selectivos ha puesto en marcha la administración para cubrir puestos más importantes que de los aquellos que deben atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas?

Ya va siendo hora que la administración deje de maltratar a las personas que sufren enfermedades mentales, para -de una vez comenzar- a  tratarlos como a personas. Cuestión de prioridades.



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