Álvaro Vázquez Pinheiro y Montserrat Girón Abumalham
Unidas por Mérida (Izquierda Unida –Podemos)
La mejor forma de empezar cualquier cosa es poniendo de manifiesto lo más importante. El gobierno que está llevando a cabo el cierre de centros escolares públicos en Extremadura, es el mismo que concedió la medalla de Extremadura… a un colegio privado. Creo que así se entiende mejor.
Según la Consejería de Educación y Empleo, el cierre de este colegio obedece al escasísimo número de alumnos que son atendidos en ese centro. En nuestra opinión, el posicionamiento de la consejería es más relevante por lo que calla que por lo que dice.
Ciertamente, la reducción de la población en edad escolar es una realidad en nuestra región; otra manifestación de eso que han llamado la España vaciada, que no es otra cosa que el desgobierno y la concentración de manos de unos pocos de los recursos del país. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el que la disminución de la población en edad escolar debe traducirse en el cierre de centros públicos?
Se dirá que la administración debe garantizar una asignación eficiente de recursos públicos y que un colegio vacío es un gasto innecesario, y que además no es el único centro con un alumnado escaso. Bien, ¿por qué no redistribuimos la población escolar entre el conjunto de los centros públicos disponibles?
De este modo, se reduciría la ratio en los centros saturados y podrían cubrirse las aulas vacías de los centros en los que sobran plazas y no disponen del alumnado suficiente. Mejora de la calidad de la enseñanza y de la eficiencia en la disposición de recursos. Primera opción.
Segunda opción. Mérida es la ciudad con mayor número de centros educativos concertados de Extremadura. No se engañen. Un colegio concertado no es más que una empresa privada que ha sido contratada por la administración para atender a los alumnos y alumnas que el sistema educativo público no puede absorber. Esto significa que en el modelo educativo español actual los centros concertados tienen un carácter complementario.
Llegados a este punto, parece lógico pensar que en el momento en el que la población en edad escolar desciende sólo cabe o disminuir la ratio de alumnos por clase, o bien cerrar colegios concertados, ¿no? Digámoslo de otra manera, ¿debe la administración comprar más sillas de las que necesita?¿debe la administración construir más carreteras de las necesarias?¿debe la administración contratar los servicios de colegios privados que ya no son necesarios? La respuesta a las tres preguntas es no. Si sobran colegios, son únicamente los que contrataste cuando no tenías suficiente con los tuyos.
El cierre del colegio Juan XXIII, se produce además en uno de los colegios con menos equipamientos y servicios públicos, y en el que su población va envejeciendo poco a poco, o dicho de otro modo, la barriada de San Juan es nuestro barrio vaciado, en el que como cada vez hay menos que proteger, cada vez se protege menos. Por un lado nos quejamos de los efectos de la España vaciada, para seguidamente reproducir la misma lógica con nuestros barrios periféricos, a los que vamos abandonando y desmontando, ya que no resultan competitivos desde el punto de vista urbano.
En nuestra opinión, el gobierno de Fernández Vara cierra colegios públicos porque no entiende las consecuencias y diferencias de defender un modelo público u otro privado-concertado, y por eso privatiza la educación, (al igual que la sanidad, por cierto). Los niños y la niñas del barrio acabarán en un colegio privado-concertado, con menor capacidad de inclusión, con menos recursos y con un personal menos cualificado. Esa es la realidad, y todo ello, porque la consejería no tiene el valor y el coraje de enfrentarse a los argumentos de aquellos que defienden el derecho de los padres a la elección de centro, cuando aquí de lo que estamos hablando es de la administración de los recursos públicos y la realización efectiva del derecho de educación; y no de lo lejos que te pilla con el coche o de prejuicios clasistas sobre el barrio o el alumnado. El que quiera un colegio privado, que se lo pague.
Esta es la clave «porque la consejería no tiene el valor y el coraje de enfrentarse a los argumentos de aquellos que defienden el derecho de los padres a la elección de centro» o dicho de otro modo. Los ciudadanos NO DEBEN ser libres ni tomar sus propias decisiones, para eso están «ciertos» políticos, para que elijan lo «deben».
PD: ya es bastante viejuno el concepto de que la concertada es un «contrato de la administración cuando ella no llega» la concertada es parte de la ciudadanía, amparada por la Constitución, que se organiza para educar o quien libremente le elige para ello.