El Consejo de Gobierno ha acordado no incluir la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los centros sanitarios en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas que el Ejecutivo ha aprobado en su reunión de este martes.


Según ha explicado la consejera de Hacienda y Presupuestos, Pilar Blanco-Morales, el Consejo de Gobierno ha decidido no incluir en ese texto una disposición que vinculaba la actividad de los centros sanitarios con la formación de nuevos profesionales y la prestación de servicios educativos, lo que fundamentaría la exención del pago del impuesto.

Sin embargo, ha aclarado la consejera, el Consejo de Gobierno ha preferido no incluir esa disposición atendiendo a las consideraciones expresadas por las distintas entidades locales que han formulado alegaciones a la exención del IBI sanitario y buscando el mayor consenso posible en esta cuestión.

Blanco-Morales, quien además ha afirmado que el Ejecutivo va a pagar la deuda con los ayuntamientos que en concepto de IBI dejó el gobierno del Partido Popular, ha calificado la decisión del Ejecutivo regional de “responsable y coherente”.

Además, ha apelado a la necesidad de abrir un debate nacional sobre la necesidad de mejorar la financiación de las haciendas locales y ha mostrado el compromiso de la Junta de Extremadura con las entidades locales para que se puedan prestar los servicios públicos con criterios de eficiencia, racionalidad del gasto y estabilidad presupuestaria.

La consejera ha insistido en que la decisión del Consejo de Gobierno sobre el IBI sanitario obedece estrictamente a la búsqueda del consenso y del diálogo entre administraciones públicas, ya que en sus aspectos legales la medida contaba con los pronunciamientos favorables del Consejo de Estado, de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y del Consejo Económico y Social.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno incluye medidas de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016 que el Ejecutivo tiene previsto que puedan entrar en vigor a partir del próximo día 1 de octubre, aunque algunas medidas no se aplicarán hasta el próximo ejercicio presupuestario, como las que afectan al IRPF y al impuesto de Patrimonio.

El proyecto de ley, que tendrá un impacto valorado en 9 millones de euros, incluye una reforma parcial de los impuestos de la Comunidad Autónoma (supresión de beneficios tributarios y revisión de gravámenes) y con él se pretende afrontar los compromisos de la Ley de Estabilidad y la reducción del déficit.

Además, el Ejecutivo se compromete a luchar contra el fraude fiscal a fin de mejorar la eficacia recaudatoria en los ingresos para reducir el nivel de endeudamiento.

Entre otras medidas, se contempla un mínimo exento de 2 metros cúbicos por vivienda en el canon de saneamiento, con lo que se excluyen del gravamen las necesidades más básicas.

En cuanto al IRPF, se mantienen todas las deducciones en la cuota íntegra autonómica, salvo la que se refiere a la adquisición de segunda vivienda en el medio rural, lo que supondrá una recaudación prevista de 483.000 euros.

Respecto al impuesto de Patrimonio, se baja el mínimo exento de 700.000 a 500.000 euros, lo que supondrá unos ingresos de 1,05 millones de euros; en el de Donaciones se suprimen las Bonificaciones del 99%, 95% y 90% (1 millón de recaudación); y en el de Actos Jurídicos Documentados se eleva al 1,5% el tipo de gravamen general y al 3% el que recae sobre escrituras públicas en las que se renuncia a la exención del IVA (6 millones de euros de recaudación).

PROTECCIÓN ANTE POSIBLES EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Por otra parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado, como otra de las medidas destacadas de la reunión del Ejecutivo, la a la empresa pública GISVESA la realización del servicio de protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en la región, por un importe de 425.464 euros.

Mediante este encargo se pretende facilitar a las familias que se vean afectadas por situaciones de riesgo, y que puedan derivar en un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, una vía de comunicación e intermediación con la entidad financiera para encontrar una solución consensuada que pueda evitar y/o poner fin a la ejecución hipotecaria.

Según ha explicado la portavoz, el objetivo final de esta encomienda es garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y se desarrollará en tres niveles.

Por una parte, GISVESA hará un trabajo complementario al del Observatorio de la Vivienda en lo que se refiere a la renegociación de las deudas hipotecarias y a la consecución de créditos para el acceso a la primera vivienda.

En segundo lugar, la empresa pública será la encargada de poner en marcha una bolsa de alquiler de vivienda con precios asequibles. Para ello será necesario contar con viviendas que estén en posesión de la SAREB, de las entidades financieras y de particulares.

Por último, GISVESA se encargará de la gestión y el control de un registro de familias demandantes de vivienda.

APRENDICES ARTESANOS

Además, la portavoz anunció la aprobación de un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para fomentar la formación de jóvenes aprendices en los talleres artesanos, con el objetivo de asegurar el relevo generacional.

La formación del aprendiz se desarrollará en puestos de trabajo de los talleres radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se materializará a través de un contrato laboral entre el artesano o representante de la empresa artesana y el joven aprendiz.

Así, el contrato tendrá carácter indefinido, a tiempo completo y por un periodo mínimo de tres años, La ayuda consiste en una subvención directa por importe de 30.000 euros, que serán abonadas en tres anualidades de 15.000, 10.000 y 5.000 euros, respectivamente, para el primer, segundo y tercer año de contratación.

Según informó la portavoz, esta medida está dirigida a un sector constituido por unas 1.000 empresas artesanas de la región que dan trabajo a 2.650 personas.

También en el ámbito de la artesanía, el Consejo de Gobierno ha acordado la declaración de la localidad de Torrejoncillo como Área de Interés Artesanal, de acuerdo con lo previsto en Ley 3/1994, de 26 de mayo, de Artesanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la que se prevé la protección de aquellas comarcas o áreas geográficas que se distingan por su artesanado activo y homogéneo o sean de especial interés artesano por razones culturales y socioeconómicas.

Según recordó Gil Rosiña, Torrejoncillo es la segunda localidad de la región que obtiene esta declaración, con la que ya cuenta Salvatierra de los Barros.

COMERCIALIZACIÓN DE GANADO BOVINO

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las inversiones para la comercialización en común de ganado bovino, para cuya convocatoria se prevé una dotación de 1.200.000 euros.

Las ayudas, según explicó la portavoz, se destinarán a la creación de cebaderos comunitarios que permitan a  los ganaderos poner en el marcado un mayor volumen de producto y con unos mayores niveles de calidad y elaboración.

Estas ayudas, señaló la portavoz, aportan también un beneficio desde el punto de vista de la sanidad animal, al entender que con los cebaderos comunitarios se facilita el movimiento de animales procedentes de explotaciones que han estado afectadas por la tuberculosis bovina.

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