Álvaro Vázquez Pinheiro y Montserrat Girón Abumalham

Unidas por Mérida (Izquierda Unida –Podemos)


El pleno del ayuntamiento de Mérida del pasado mes de septiembre sirvió para aprobar la cesión de suelo municipal a la Junta de Extremadura, con la finalidad de construir 42 viviendas para el fomento del alquiler social. Hasta ahí parece que todo suena bien, pero como de costumbre siempre hay algo más.

La iniciativa surge a raíz de un Real Decreto aprobado por nuestro querido gobierno progresista, que a veces tienen más de gobierno que de progresista, y ahora nos explicaremos el porqué de esta afirmación.

Según la normativa de marras, la cuestión se concreta en la construcción de viviendas en suelo público, para que posteriormente la Junta de Extremadura adjudique la obra a una empresa –por ahora todo bien- que además será la que gestione el alquiler de las viviendas –esto ya no está también.

Básicamente, las empresas que quieran sumarse al asunto deberán presentar una oferta en la que deben concretar las condiciones de construcción de la obra, y seguidamente las condiciones que deberán asumir las persona que pretendan alquiler estas viviendas.

Vamos a explicarlo de otra manera, la misma Junta de Extremadura que ha presentado su último presupuesto bajo el lema “el valor transformador de lo público”, ha decidido privatizar la gestión de viviendas en alquiler, con lo cual buena parte del coste de los beneficios de la empresa se trasladará al precio del alquiler que pagarán los inquilinos. Conclusión: para abaratar costes les subiremos el precio a los inquilinos. Así transformar, vamos a transformar más bien poco.

Pero la cosa no termina ahí.

El acuerdo entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana establece que el precio máximo del alquiler de estas viviendas será de 6,04€ el metro cuadrado al mes; léase, a la Junta de Extremadura y al ministerio les parece razonable y adecuado que una viviendas de promoción pública, con una superficie de cien metros, pueda alquilarse en nuestra ciudad por 604 euros al mes. A eso lo llaman alquiler social.

Cierto que esta es la cantidad máxima, y que probablemente el precio final del alquiler será otro, pero también lo es que la única justificación de una iniciativa de esta índole únicamente es que el precio no supere los 150 o 200 euros al mes, pues de otro modo, difícilmente puede cumplir su propósito.

Finalmente, no nos olvidemos que la Junta de Extremadura financiará la construcción de las viviendas con un importe que podría alcanzar los 50.000 euros por viviendas, y que según el gobierno municipal se limitará al 40% del coste de construcción de las mismas, que tras 50 años pasarán a ser de propiedad municipal.

Planteemos la cuestión de otro modo: ¿Debe el ayuntamiento ceder suelo gratuitamente para que finalmente las viviendas se alquilen a un precio excesivo? Las personas que formamos parte de Unidas por Mérida creemos que no. Una cosa es el alquiler social, y otra convertir el dinero público destinado al alquiler en un negocio para el sector de la construcción. Cuestión de prioridades.

¿Qué es lo que debería haber hecho el gobierno municipal? En nuestra opinión, si la construcción de las viviendas requiere la cesión de suelo por parte del ayuntamiento, lo más adecuado habría sido llegar a un acuerdo con la Junta de Extremadura para determinar las condiciones por las que se limitara el precio final del alquiler, al menos de un modo orientativo. ¿Quieres el suelo del Ayuntamiento? Fácil, el alquiler no puede superar los 150 o 200 euros. ¿No estás de acuerdo? Bien, no cesión del suelo. Así de sencillo. ¿Por qué no lo han hecho así? Pídanle las explicaciones al señor alcalde.

Según el gobierno municipal, que se llama así mismo progresista, su intención no es incidir en el precio del alquiler, pues para eso está el mercado que regula el precio por sí mismo. Posiblemente ese el problema, que más de uno en el gobierno municipal quizás debiera cambiarse de partido.



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