• Osuna ha querido ser juez y parte en un procedimiento completamente legal, que fue utilizado en las elecciones para atacar al Partido Popular y para dejar a seis familias sin opciones laborales.
  • La Sentencia conocida estos últimos días demuestra que el Partido Popular actuó dentro del marco normativo y condena al Ayuntamiento a finalizar el procedimiento de adjudicación.

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Nogales, ha manifestado esta mañana su satisfacción tras la última sentencia que ha dado la razón a un colectivo de taxistas  y que confirma que el procedimiento iniciado por el Partido Popular en su última legislatura de gobierno municipal para la creación de diez licencias de taxi era perfectamente legal.

En el año 2014, el Partido Popular inició un procedimiento para licitar diez licencias de taxi, todo ello, con el aval de los informes técnicos municipales y de la administración regional, que dieron luz verde a dicho procedimiento y que culminó en la adjudicación provisional de seis licencias. No obstante, esta adjudicación no se materializó porque al alcanzar Rodríguez Osuna la alcaldía de la ciudad en 2015 decidió “discrecionalmente” no continuar con el procedimiento.

Tras multitud de críticas por parte del PSOE municipal, en la campaña electoral de 2015, alegando que el procedimiento iniciado por el Partido Popular era irregular, Rodríguez Osuna paralizó el procedimiento. Desde entonces, un colectivo de taxistas afectados por esa decisión inició una lucha en los juzgados y tribunales que ha dado lugar a varias sentencias, en las diferentes instancias judiciales, favorables a la regularidad del procedimiento y a su continuación, y que  condenaban y obligaban al Ayuntamiento a finalizar la adjudicación.

Varias de esas sentencias llevaban aparejada la condena en costas al Ayuntamiento. El sectarismo de Osuna va a suponer un alto coste a las arcas municipales que se abonará con los impuestos de todos los emeritenses. Su postura dictatorial ha llevado a nuestro Ayuntamiento a recurrir constantemente las sentencias hasta llegar a instancias nacionales, donde irremediablemente, de nuevo le han quitado la razón, todo ello utilizando los recursos humanos y económicos del Ayuntamiento, en una persecución política contra “los que no son de su cuerda”.

Por esta sin razón, el Grupo Municipal Popular exige que desde el equipo de gobierno socialista se retracten de las acusaciones de ilegalidad e irregularidad que lanzaron contra el Partido Popular y que expliquen a los ciudadanos la verdad de las sentencias y el coste que todo esto ha supuesto para las arcas municipales. Las sentencias judiciales emitidas a lo largo de todo este proceso no han sido nunca favorables a la decisión de Osuna y deberían depurarse responsabilidades por la crítica injustificada al PP y por un encabezonamiento político del alcalde que, como ha quedado claro tras la sentencia, no contaba con respaldo legal alguno.

Por otro lado, el Grupo Municipal ha exigido responsabilidades políticas a Rodríguez Osuna. Según Nogales, “Osuna dijo en el discurso de investidura que él y su equipo se presentaron a las elecciones para dignificar la vida política de la ciudad”. Con las múltiples sentencias, y con su afán de recurrirlas a toda costa, queda demostrado que tomaron decisiones injustas que van a mermar las arcas municipales, que han afectado a familias que sólo tenían el deseo de trabajar y que han buscado manchar el trabajo del Partido Popular de forma partidista utilizando los recursos públicos.

Con este pronunciamiento judicial ha quedado demostrado que el equipo de gobierno del Partido Popular actuó dentro del marco normativo y llevó a cabo un procedimiento totalmente legal que por fin se verá finalizado a pesar de la oposición irracional y gravosa de Rodríguez Osuna.

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