Exigirá a Vara que reconsidere esta medida que el gobierno de Zapatero calificó de “irregular”

Cristina Teniente
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha reiterado hoy que su grupo se opondrá a la Ley de Medidas Tributarias de la Junta si la administración regional mantiene su intención de autoeximirse del pago a los ayuntamientos del dinero que les corresponde en concepto del IBI de los hospitales y centros de salud.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Teniente ha señalado que en la sesión plenaria de este jueves, el GPP preguntará al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, si va a reconsiderar esta medida, que ya fue calificada de “irregular” por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a través de un informe emitido por el Ministerio de Hacienda.

A juicio de la portavoz del GPP, se trata de una “argucia legal inaceptable”, que vulnera la Constitución Española, en su artículo 133, y también la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que reconoce a los ayuntamientos la potestad de exigir estos tributos.

Al respecto, ha defendido que el presidente de la Junta “tiene que reconsiderar esta medida”, porque se trata de una “irregularidad” que ahora “pretende elevar a la categoría de norma”. “Este grupo se opondrá frontalmente”, ha advertido, al tiempo que ha recordado que el camino “no” puede ser la “morosidad” que ya aplicó en su primer mandato, porque no abonar este dinero a los ayuntamientos supone “una merma importante” para los servicios que reciben los ciudadanos.

HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA

Al margen de este asunto, Cristina Teniente ha informado, además, de que en el pleno de esta semana, el GPP formulará otras dos preguntas a miembros del Ejecutivo regional y, concretamente, a los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña Bernal.

En concreto, la pregunta al consejero de Sanidad está a dirigida a conocer los motivos por los que la Junta decidió allanarse en el proceso judicial del nuevo Hospital de Don Benito-Villanueva, “renunciando a defender los intereses generales de los extremeños para defender los de su partido y concretamente los del presidente de la Diputación de Badajoz”, Miguel Ángel Gallardo, ha detallado.

Según ha señalado la portavoz del GPP, se trata de un “auténtico escándalo” que “teniendo informes” de los técnicos del SES que “justificaban sobradamente la derogación del PIR y el cambio de ubicación” del hospital, la Junta haya optado por el allanamiento, que ha sido “autorizado por Fernández Vara” y que tendrá como consecuencia “gastar más de un millón y medio de euros en expropiaciones innecesarias”.

“Gallardo intentó vender a la opinión pública que los tribunales le habían dado la razón y ocultó deliberadamente que el TSJEx no entró a valorar el contenido de la demanda ni el procedimiento de derogación del PIR, porque simple y llanamente la junta había renunciando a defender los intereses de la administración autonómica”, ha recordado y en este sentido ha exigido conocer los motivos de esta decisión “perjudicial”.

FINANCIACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA

Por otra parte, en relación a la pregunta dirigida a la consejera Bernal, ha explicado que el Grupo Popular pretende conocer los planes de financiación del sector agrícola que, según los compromisos recogidos en la “ya famosa” Agenda del Cambio, firmada ante notario por Fernández Vara en campaña electoral, deberían estar en funcionamiento desde el 1 de enero de 2016.

Tal y como ha concretado, en el compromiso número 48 de ese documento venía recogida la creación y puesta en marcha de un Plan Regional de Protección a los Sectores Agrarios de Interés Social Regional, con medidas prioritarias de apoyo a la financiación, inversión y fiscalidad, que estaría disponible desde el primer día de este ejercicio.

“Estamos a día 12 de abril y no solo seguimos sin saber nada, sino que ademas es una medida que no está contemplada en los presupuestos y queremos saber cuál es el estado de este compromiso” que, en base a lo expuesto en la Agenda del Cambio, iba a “consensuarse” con las organizaciones agrarias, cooperativas, agentes sociales y grupos políticos, ha concluido.

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