Critica que el plan margina a quien no cobra la renta básica y exige que se incorporen las cláusulas de no discriminación aprobadas por el parlamento

Marian Muñoz

El Partido Popular de Extremadura ha ofrecido asesoramiento legal a todos los extremeños que están afectados por la “discriminación” del Plan de Empleo “antisocial” e “inconstitucional” de la Junta, según ha anunciado hoy la portavoz del GPP en esta materia, María Ángeles Muñoz, quien ha avanzado que este servicio ya se está prestando en Mérida, donde hasta el propio ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, ha reconocido que este es un “plan injusto”.

“Es lo menos que podemos hacer por los extremeños, ante un gobierno que se desentiende de los problemas que está generando con este plan de empleo”, ha dicho, y ha reiterado que el PP está a disposición de “todas las personas que nos necesiten para cuantos recursos, alegaciones y acciones deseen emprender en la defensa legítima de sus derechos”.

Tal y como ha detallado Muñoz, este plan de empleo “mal llamado social”, que es el “núcleo fundamental” de las políticas activas del gobierno regional, “margina” a las personas que no son perceptoras de la Renta Básica, quitándoles la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo “aunque se encuentren en riesgo de exclusión” y carezcan de ingresos “para vivir”.

Con esta fórmula, ha dicho, la Junta “favorece sus propios intereses” porque se “evita las molestias de la tramitación” de la Renta Básica y se “ahorra” estas prestaciones, maquillando, al mismo tiempo, las cifras de desempleo, a costa de “negarle el derecho a un trabajo” a personas que tienen otro tipo de ayudas sociales, que son de menor cuantía que la Renta Básica, que representa el 80% del IPREM.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

La portavoz de Empleo del GPP ha citado varios ejemplos de lo que está sucediendo como consecuencia de las restricciones de este plan. En este sentido, ha comparado los supuestos de dos familias de seis miembros, tres de los cuales son menores y uno es ascendiente.

Según ha explicado, si en una de estas dos familias, uno de los miembros ha conseguido trabajar la mitad del mes dediciembre y la otra mitad del mes de enero, a jornada completa, cobrando el salario mínimo interprofesional, entonces todos los miembros de esta unidad familiar quedan excluidos del plan de empleo social de la Junta, “por haber tenido unos ingresos de 655 euros en todo un año”. 

Mientras tanto, en otra familia con las mismas características que la anterior, si uno de los miembros es perceptor de la Renta Básica y cobra 692 euros mensuales, y además ha trabajado tres meses, “la consejera de desempleo sí le autoriza” a participar en el plan.

“Si tenemos una familia de siete miembros, cuatro menores y un ascendiente viudo que cobra mínima pensión de algo más de 700 euros, ningún miembro de esa familia puede tener acceso a este plan de empleo, porque a juicio de la consejera esa familia es demasiado rica para tener derecho a trabajar”, ha dicho y en contrapunto ha comentado que “si tenemos una familia de siete miembros, cobrando más de 700 euros de Renta Básica más otros 300 euros de ingresos, es decir, con 1.000 euros mensuales, esa unidad familiar sí puede acceder”. 

CAMBIOS “INMEDIATOS”

Muñoz ha señalado que, aunque la Junta modificó el decreto de este plan social, dicha modificación “fue solo un parche” y las restricciones “siguen siendo las mismas”, por lo que se trata de un “engaño” y de una “mentira” a los extremeños. Pese a los cambios, ha insistido, se mantiene que “el perceptor de Renta Básica siempre tiene acceso”, mientras quien no sea perceptor “tiene un acceso limitado a los ingresos familiares”, que se han fijado en un máximo del 75% del IPREM.

“La señora consejera, la Junta, el señor Vara, quien es el último responsable de este gran despropósito, niegan el derecho al trabajo, por tanto, esto es contrario artículo 9 de la Constitución y contrario a cualquier tipo de legislación laboral que garantiza la igualdad y la no discriminación”, por lo que “urge” que se acometan cambios “inmediatos”.

Al respecto, ha exigido al gobierno autonómico que incorpore “ya” al plan de empleo las cláusulas de no discriminación, tal y como aprobó la Asamblea de Extremadura en el reciente Debate sobre la Orientación Política General de la Junta, a través de una propuesta de resolución del GPP, que fue apoyada por el GPSOE.

 

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