Juan María Vázquez, senador por Badajoz, censura que el Gobierno “no se haya atrevido” a acometerlo y le acusa de “poner parches” con el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y los planes de pago a proveedores con recursos-préstamos del BCE, “cobrándoles intereses

vazquez8El portavoz socialista en Hacienda acusa también al Ejecutivo de Rajoy de establecer condiciones, “no ya leoninas, sino Monterinas” que “son peores” y que “han socavado gravemente la autonomía que la Constitución otorga a estos entes territoriales que también son Estado”.

Justifica el voto favorable del Grupo Socialista a esta iniciativa “por coherencia” y en defensa “de una sociedad dónde se armonicen los intereses generales con los intereses particulares, en función de que no haya ninguna forma de tratamiento desigual”

 El Grupo Socialista ha hecho un llamamiento sobre la “imperante” y “tantas veces reclamada” necesidad de “establecer un nuevo modelo de financiación territorial” para las Comunidades Autónomas y para los Ayuntamientos, ha reprochado al Gobierno que “no se haya atrevido” a acometerlo, y le ha acusado de dedicarse a poner parches “con ese gran invento del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y los planes de pago a proveedores con recursos-préstamos del Banco Central Europeo, “cobrándoles intereses”, y con el establecimiento de condiciones, “no ya leoninas, sino Monterinas”, que “son peores” y que “han socavado gravemente la autonomía que la Constitución otorga a estos entes territoriales-Estado”.

Así se ha pronunciado así el portavoz del PSOE en Hacienda y senador por Badajoz, Juan Maria Vázquez, hoy en el Pleno del Senado, ante el que ha intervenido para fijar la posición de su Grupo Parlamentario en relación a una moción del Grupo Esquerra Republicana que exigía al Gobierno la adopción de medidas referentes al procedimiento de regularización catastral.

En su intervención, Vázquez ha señalado que es indudable que el proceso de regulación catastral 2013-2016, así como la valoración de las construcciones con suelo rústico, afecta a una gran número de contribuyentes de miles de municipios de todas las Comunidades Autónomas –excepto País Vasco y Navarra- que han recibido resoluciones del catastro y recibos al cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por unas cuantías “en algunos casos escandalosas”, dado que al incremento de la valoración se sumaban cuatro años de tributación.

En este sentido, ha señalado que el IBI es la principal fuente de financiación con tributos propios de los Ayuntamientos, representando “más del 50% del total de estos tributos” y ha afirmado que, en consecuencia, “no será el Grupo Socialista quien trate de menoscabar estos recursos”. Al hilo de ello, ha manifestado que los socialistas entienden que la moción que ha traido a la Cámara el Grupo de Esquerra Republicana trata de “establecer cautelas” ante una medida que, sin duda, “ha producido muchas quejas ante los gobiernos locales por los desproporcionados incrementos del recibo”, ya que, además, los nuevos valores afectan a otros tributos, conocidos por todos. Así, ha explicado que estas regularizaciones se han hecho de oficio por la empresa pública SEPGISA, haciendo repercutir el coste de las mismas, “mediante una tasa de 60 euros a los afectados”.

En este sentido, el senador del PSOE se ha referido a la enmienda presentada por su grupo parlamentario a esta iniciativa con el objetivo de mejor su texto y, tras recordar que los ayuntamientos tienen capacidad mediante ordenanzas fiscales de ajustar los incrementos, lo que ha ocasionado “agravios comparativos” entre municipios, “muchas veces limitrofes”, ha justificado que dichos conflictos podrían evitarse con las medidas propuestas en esta moción.

Juan María Vázquez se ha mostrado nuevamente muy crítico con el Gobierno al que ha acusado que en estos cuatro años ha impuesto “una distribución vertical de los objetivos de estabilidad totalmente arbitraria e injusta”, reservándose para él “más del 85% de déficit” y dejando a las Comunidades Autónomas con el 16%, “cuando éstas suponen el 35% del gasto publico que en su 80% se destina a educación, servicios sociales y sanidad, cuya infravaloración presupuestaria todos reconocen”.

En la misma línea, ha acusado al Ejecutivo del Rajoy de que “después de afirmar reiteradamente -y hasta antesdeayer- que España cumpliría los objetivos del déficit de 2015”, nos encontramos con “una desviación de 10.000 millones”, un punto por encima (25%) de lo pactado con Bruselas, “que supondrá nuevos ajustes, a los que habrá que sumar la desviación de 2016, como ya denunciamos los socialistas durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado”.  “Como ya no se puede echar la culpa a Zapatero, se carga con enorme cinismo contra las Comunidades Autónomas para tratar de ocultar el gran fracaso de este Gobierno en lo único de lo que presume: la constatación de su absoluta ineficacia como gestores y el enorme daño causado a las partes más débiles de nuestra sociedad”,  ha subrayado.

El senador por Badajoz ha incidido en que “por si fuera poco, para tratar de calmar a Bruselas, que se siente engañada, el señor Montoro saca la artillería contra las CCAA, de forma arbitraria, injusta y partidista, amenazando con medidas coercitivas que no utilizó antes cuando las gobernaban los suyos”.

Antes de concluir su intervención, Juan Maria Vázquez se ha dirigido a la bancada popular y les ha pedido que convoquen la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuya reunión ya han solicitado los socialistas. “Está en sus manos convocar la Comisión General en este Senado y, al menos,  ante un problema grave en este país como es la financiación autonómica, se podrá hablar sobre estos asuntos”. “Pero no lo harán”, ha lamentado.

Por último, el portavoz del PSOE ha manifestado el voto favorable de su Grupo parlamentario a esta iniciativa “por coherencia” y  para corregir las situaciones injustas provocadas por la aplicación de esta normativa, en defensa de “un tratamiento que sea justo para todos los contribuyentes”, en defensa “del mundo rural”, pero sobre todo, en defensa “de una sociedad dónde se armonicen los intereses generales con los intereses particulares, en función de que no haya ninguna forma de tratamiento desigual”.

La propuesta, finalmente, ha sido rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Popular con 139 votos en contra, frente al resto de los grupos parlamentarios -112 votos a favor y 1 abstención-.

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