Álvaro Vázquez Pinheiro y Montserrat Girón Abumalham

Unidas por Mérida (Izquierda Unida –Podemos)


El hecho de que el vertido incontrolado de escombros se convierta en una polémica en una ciudad que ostenta la condición de Patrimonio de la Humanidad resulta bastante significativo. Presumir de nuestro pasado cuando ni siquiera estamos dispuestos a cuidar el entorno de nuestra ciudad en nuestro presente supone una contradicción que posiblemente pueda explicarse gracias al predominio de un sistema de valores en el que el bien común y el interés general sucumbe ante el egoísmo dominante. Algunos a eso lo llaman individualismo. Tiene gracia.

El gobierno municipal ha decidido poner de manifestó su preocupación por la cuestión, lo que entiendo que en sí mismo es positivo, aunque en nuestra opinión la fórmula elegida para intentar solventar el problema no sea quizás la más acertada.

Según nos cuentan los responsables del gobierno municipal, la solución a este problema la encontraríamos en el incremento de las sanciones a las que deberían hacer frente las personas que protagonizaran este tipo de comportamientos, a lo que deberíamos sumar las iniciativas que tienen por objeto la mejora de la sensibilidad de las personas que habitamos en Mérida para que a este respecto comenzáramos a comportarnos como es debido.

Resulta evidente que una solución solo puede operar como tal cuando se encuentra íntimamente vinculada a las causas del problema que se quiere eliminar, y no estamos del todo convencidos de que la solución aportada por el gobierno municipal cumpla este requisito tan elemental.

Las personas que arrojan los residuos de obras que jalonan buena parte de los márgenes de nuestra ciudad, se atreven a semejante desfachatez, no porque sea barato hacerlo, sino porque sale gratis, ya que las posibilidades de las que dispone el ayuntamiento para controlar el vertido ilegal de residuos en nuestro término municipal es poco menos que testimonial. Así, la iniciativa del gobierno municipal de incrementar sustancialmente las sanciones por el depósito ilegal de escombros no surtirá efectos, debido a que, sea cual fuere el importe de las sanciones, la capacidad de la policía local para perseguir este tipo de comportamientos es prácticamente inexistente.

Cualquiera de las personas que llegue a leer este artículo, o que haya pensado en esta cuestión es perfectamente capaz de ingeniárselas para abandonar ripios, escombros o lo que fuera de mil trescientas veinticuatro maneras distintas, sin el más mínimo temor a que sea sancionado, simplemente porque sabe como hacerlo para que eso no ocurra.

Vigilar el cumplimiento de la norma y sancionar a los que las infringen parece una buena solución lógica y plausible, pero únicamente cuando funciona.

¿Cuál podría ser la solución a este problema? Posiblemente la solución pasaría, como de costumbre, por crear las condiciones necesarias para que esa situación no llegara a producirse. Para ello, no es suficiente con habilitar espacios idóneos para que los vecinos y vecinas de Mérida transportemos nuestros escombros, puesto de hecho no lo hacemos; la solución pasa por garantizar que todos los restos de obras -y demás- se depositaran donde se debe, y para eso lo único que podemos hacer es crear un servicio municipal gratuito de recogida de escombros en los lugares en los que se producen. ¿Es más caro? Sí ¿supone una rendición? Posiblemente, pero sobre todo sería más eficaz. La causa del depósito incontrolado de ripios es la impunidad, y no tenemos medios para luchar contra eso. Las sanciones ya existen, y hasta la fecha no ha dado resultado. Así de simple.

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