Álvaro Vázquez Pinheiro
Portavoz IU Ayuntamiento de Mérida
Los efectos de la privatización del servicio de transporte urbanos y la implantación de la zona azul siguen de actualidad, debido a la polémica que ha suscitado la ampliación de la zona azul en el entorno de la plaza de Luis Chamizo y otras calles del centro de la ciudad.
Esta situación ha puesto de manifiesto varias cuestiones sobre las que debemos centrar nuestra atención: en primer lugar, el establecimiento de la zona azul no obedece a la finalidad de ordenar el estacionamiento de vehículos en nuestra ciudad. Nada más lejos de la realidad. La implantación de la zona azul tiene un único propósito: garantizar la viabilidad económica de la privatización, es decir asegurar los beneficios de la empresa que gestiona el servicio. Y esto es así debido a que ningún servicio de transporte urbano resulta rentable, por lo que la única forma que existe de garantizar que sus gestores obtienen beneficios es la vinculación al contrato de otras prestaciones que sí generan ingresos; en esta caso la zona azul, el servicio de grúa y la gestión de aparcamientos públicos.
Pero ahí no acaba la cosa, según las normas que regulan el contrato, si la empresa gana dinero, los beneficios son para la empresa, si por el contrario la gestión del servicio no rinde beneficios es el Ayuntamiento el que pone sobre la mesa la cantidad el dinero que sea necesario para que garantizar los beneficios del empresario. La empresa tiene por tanto dos opciones: o gana, o gana. Según esto, los estímulos para mejorar la gestión resultan más bien escasos, por no decir inexistentes.
En segundo lugar, el gobierno local ha declarado públicamente su intención de tomar cartas en el asunto para intentar mejorar las condiciones de un servicio que resulta caro y absolutamente ineficaz, pero lo ha hecho de un modo que cuando menos se nos antoja colmado de candidez y inocencia.
Según lo publicado en la prensa local, la intención del gobierno es negociar con la empresa la modificación del contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo, resolver el contrato, y dar por terminada la cuestión. Mala estrategia es esa.
La modificación del contrato solo se puede llevar a efecto en los términos tasados en la legislación que no contempla la modificación con el propósito de mejorar la gestión ordinaria del servicio. Muy al contrario, los supuestos que contempla la ley para modificar el contrato son tan excepcionales que en ningún caso son aplicables a la realidad que nos ocupa. O dicho de otro modo, cuando firmas un contrato –léase cuando privatizas un servicio- las condiciones del pacto son prácticamente inalterables; ¡que las circunstancias han cambiado y ya no te conviene el pacto!, mala suerte; ¡que tus necesidades ya no son las mismas que cuando firmaste!, pues es lo que hay.
Esto es una privatización amigos, y su único propósito es el de mantener inalterables los beneficios de la empresa. Cualquier otra consideración es secundaria. Es lo que tiene que te legislen desde la derecha, si no eres empresario no entras en el cálculo.
Y claro, aún hay más. La declaraciones públicas del gobierno de resolver el contrato supuran candidez por todos sus poros. La resolución del contrato implica que podemos terminar un contrato que sin ir muy lejos podríamos calificar de vergonzoso. Pero para ello debemos adelantar a la empresa la totalidad de los beneficios que le corresponde hasta que finalice el contrato, es decir dentro de 20 años, por lo que ellos acaban ganando lo mismo pero de golpe y sin trabajar. De todo esto deberían tomar nota los partidarios de la privatización de servicios públicos y de la gestión privada de lo público.
El hecho de que el gobierno municipal haya hecho público su intención de terminar con el contrato nos sitúa en una posición según la cual el mensaje que se traslada a la empresa viene a ser: o negocias conmigo una rebaja de tus beneficios, o te pago todos los beneficios que esperas obtener en los próximos 20 años a cambio de nada. No sé que pensarán ustedes, pero nosotros no estamos muy convencidos de que ese de que esa la mejor de las posturas a la hora sentarse a negociar. Si quieres resolver el contrato, no se lo cuentes a tu adversario. Digo yo.
