Izquierda Unida-Mérida acusa al gobierno municipal de no tramitar los procedimientos sancionadores contra FCC, solicitados en el mes de octubre de 2015 por incumplimiento de la empresa del deber de información.

PROCEDIMIENTO FCC


fccLa falta de respuesta por parte del equipo de gobierno a nuestra solicitud para que se consideren las posibles infracciones cometidas por parte de la empresa concesionaria del servicio de basura, es un síntoma inequívoco de la falta de voluntad del equipo de gobierno para acometer la multitud de problemas que sufre nuestra ciudad con respecto a la limpieza y recogida de basura.

Esta situación es aún más grave desde el momento en el que la pretensión de nuestro grupo municipal es la de clarificar si FCC cumple las obligaciones que estipula el contrato con respecto al número de trabajadores que deben asignarse a la limpieza y recogida de basura; un extremo que consideramos relevante, dado aspecto de suciedad y acumulación de basura que presenta tanto contenedores como las calles de nuestra ciudad desde hace años.

Así, el 07 de octubre de 2015, el concejal y la concejala de IU-Mérida solicitaron la iniciación ante la administración municipal de un procedimiento sancionador que determinase las posibles responsabilidades de FCC ante la falta de respuesta de la empresa a las informaciones solicitadas desde nuestro grupo municipal, con respecto al número de trabajadores que tiene dadas de altas en el servicio de la recogida de basura. La negativa de la empresa a facilitar información está contemplada en los pliegos como falta muy grave.

A pesar de haber transcurrido más de nueve meses desde el registro de nuestra solicitud, la administración municipal no se ha llevado a efecto el inicio y trámite del procedimiento sancionador.

Debemos resaltar que la legislación establece que la decisión de iniciar este tipo de expedientes debe realizarse en dos meses, un plazo que ha sido superado ampliamente, y que dadas las circunstancias y el tiempo transcurrido nos empuja a concluir que, o bien el Ayuntamiento no lleva a efecto sus competencias de control sobre la empresa –que en consecuencia hace lo que le viene en gana-, o bien, el equipo de gobierno se esfuerza en proteger a la misma empresa a la que tiene la obligación de hacer cumplir el contrato.

La indolencia del gobierno municipal adquiere todavía mayor relevancia en un momento en el que los propios trabajadores de la empresa encuentran en la reducción de la plantilla -que ha provocado la empresa, y consiente el Ayuntamiento- una de las principales causas del deterioro de las condiciones de orden y limpieza que sufre nuestra ciudad.

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