Izquierda Unida-Mérida considera que los concesionarios de los quioscos de la Plaza España situados en las esquinas de la Calle Santa Eulalia y de la calle del Puente pueden haber incumplido el plazo máximo establecido en los pliegos que regulan la adjudicación para la puesta en marcha del servicio que ofrecen los kioscos.

El retraso en la finalización de las obras y apertura de los diferentes quioscos perjudica al conjunto de los vecinos que con anterioridad disfrutaban del servicio que ofrecían estos quioscos; sin que hasta ahora el equipo de gobierno haya hecho público los motivos de este retraso, ni tampoco se haya anunciado la fecha de apertura. Esta situación podría suponer un incumplimiento en la obligación de prestar el servicio, que es el único motivo que justifica la concesión.

Así, según la información facilitada por la propia delegación de urbanismo a comienzos de julio, el plazo de cuatro meses establecido inicialmente para la conclusión de las obras, se ha visto ampliado en varias ocasiones debido la celebración de la Semana Santa y de por el retraso producido por las excavaciones arqueológicas realizadas en uno de ellos, si bien entendemos que -aún así- es posible que los quioscos que permanecen sin actividad hayan excedido los plazos autorizados por el ayuntamiento.

La contabilización de los plazos iniciales de cuatro meses para concluir las obras, más las ampliaciones a las que hemos hecho mención, 9 días a todos ellos por semana santa, y 23 días por las excavaciones en los quioscos situados en la esquina de la calle santa Eulalia, y San Salvador, arrojan unos plazos que abarcan según los casos desde el 21 de junio hasta el 18 de julio, en función de la fecha de inicio de las obras.

A falta de otra explicación por parte del ayuntamiento, el hecho de que a fecha de hoy dos de los cuatros quioscos no hayan iniciado su actividad y que todavía se aprecie la actividad de trabajadores en su interior, podría suponer por tanto un incumplimiento expreso de las condiciones del contrato, susceptible de ser objeto de sanción por parte de la administración municipal.

En nuestra opinión, el hecho de que en cada uno de estos dos casos se hayan excedido los plazos en más de dos meses, es motivo más que suficiente para que el ayuntamiento ejerza las actuaciones necesarias para determinar si esta circunstancia es susceptible de la imposición de sanción por el incumplimiento de la normativa que regula esta actividad.

 

Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.

Portavoz IU Merida

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