DOE Servicios Sociales.Convenio publicado en el DOE


El Convenio celebrado entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Mérida para en la prestación de información, valoración orientación de los servicios sociales de atención social básica, incumple las disposiciones de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura sobre ratio mínima de Trabajadores Sociales por habitante.

El artículo 15 de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura establece “una ratio de un trabajador o trabajadora social por cada 3.000 habitantes”. Según determina el propio convenio firmado por ambas administraciones, la población atendida por los servicios de atención básica en nuestra ciudad es de 58.971 persona, mientras que el número de trabajadores sociales consignados a la prestación de este servicio es únicamente de 9.

Según lo dispuesto en la normativa autonómica, el número de trabajadores sociales que debería asignarse a esta prestación debería ser de 19, por lo que según el contenido del propio convenio, la Consejería y la administración municipal asumen un incumplimiento expreso de la legislación vigente.

Esta situación es aún más llamativa desde el momento en el que la propia ley atribuye a este servicio la finalidad, entre otras, garantizar “la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos, el apoyo para promover las actitudes y capacidades que faciliten la autonomía y bienestar, la inclusión e integración social, la prevención, la convivencia adecuada, la participación social, la promoción igualitaria y el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida.”.

Así, nos encontramos que son las propias administraciones que tienen el deber de cumplir y hacer la ley, las que a través de sus propios actos, incumplen la legislación vigente, en detrimento de en este caso de los segmentos población más vulnerables a los efectos de la crisis.

La aplicación de este convenio, en los términos en los que ha sido redactado, pone de manifiesto la falta de voluntad de las administraciones públicas para destinar los recursos adecuados para la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados, sobre los que vuelve a recaer los efectos de las políticas de recortes en el gasto social que se llevan practicando por gobiernos de distinto signo desde finales de 2008.

 

 

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