Izquierda Unida-Mérida afirma que la pretensión de la empresa promotora de la azucarera de quedar prácticamente exenta del pago de la mayor parte de los impuestos municipales durante los próximos siete años resulta excesiva, e insta al conjunto de los grupos municipales a elaborar una propuesta conjunta.

Si bien entendemos que el establecimiento de nuevas inversiones y la generación de actividad económica en nuestra ciudad resulta absolutamente necesaria, las condiciones comunicadas hasta la fecha por la empresa son más propias de un chantaje a un estado corrupto que de un proceso de negociación entre dos partes interesadas en la consecución de un objetivo común.

La oferta inicial que los promotores de la empresa han hecho llegar a los responsables municipales supone una reducción del 95% en el pago de diferentes impuestos como el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas y el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, durante un periodo de siete años, lo que supone que el ayuntamiento dejaría de ingresar decenas de millones de euros en los próximos años.

La empresa ha llegado incluso a solicitar bonificaciones en el pago de las licencias urbanísticas, un extremo que contraviene la legislación vigente y que los servicios municipales, y el propio equipo de gobierno, ha negado a la empresa.

La contrapartida que se le exige a la empresa no es más que el mantenimiento de 100 empleos directos de promedio anual durante el tiempo en el que estas bonificaciones estuvieran vigentes, lo que se nos antoja insuficiente, sobre todo si tenemos en consideración los riesgos y perjuicios medioambientales que implica la instalación de una industria de estas dimensiones, apenas a cinco kilómetros de una ciudad dedicada esencialmente al turismo.

La envergadura de un proyecto industrial como éste, dotado de un presupuesto inicial de 405 millones de euros, vienen a relativizar la influencia del coste de los impuestos municipales en la decisión final de la empresa de ubicar sus instalaciones en nuestra ciudad o en cualquier otra, ya que en definitiva serán otros factores los de resultarán determinantes en la decisión final, como pueden ser las disponibilidades logísticas, el coste del transporte, costes salariales, el precio del suelo, disponibilidad de suelo para el cultivo de la remolacha, acceso a grandes infraestructuras y nudos de comunicación, situación del mercado internacional…

Junto a todo lo anterior, debemos partir del hecho de que más allá de la postura que han dado a conocer los promotores, lo cierto es que Mérida reúne buena parte de las condiciones que la empresa considera como necesarias para desarrollar su actividad en condiciones óptimas, por lo que ya existe un interés expreso por parte de la empresa en instalar la azucarera en nuestra ciudad.

Finalmente, debemos resaltar que cualquier actuación carece de significación hasta el momento en el que la Consejería de Medio Ambiente no dé el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental integrada a la que está condicionada la instalación de esta empresa, y que en estos momentos se encuentra en el estudio de las alegaciones presentadas por particulares, asociaciones ecologistas, vecinos de nuestra ciudad y empresarios.

En estos términos, entendemos que la prudencia mostrada hasta la fecha por el equipo de gobierno no carece de justificación, pero se nos antoja excesiva, visto el panorama general de los acontecimientos.

Por todo ello, entendemos que la defensa de los intereses de nuestra ciudad y el respeto a una noción esencial de justicia, hacen necesario el inicio de un proceso de negociación entre ambas partes, empresa y Ayuntamiento, dirigido a la satisfacción de los intereses de las dos partes.

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