Izquierda Unida-Mérida considera que el servicio de atención telefónica al cliente de Aqualia infringe el contrato al incumplir la obligación de garantizar la gratuidad de las llamadas realizadas por los usuarios.

Según las cláusulas del contrato que regula la prestación del servicio de aguas, Aqualia como concesionaria del servicio debe establecer un servicio de atención telefónica gratuito para el cliente con línea 900, una circunstancia que la empresa incumple sistemáticamente.

Esta obligación viene recogida en el cláusula 10.2 del contrato en la que se señalan las mejoras a realizar a cuenta del concesionario, y que tendrá que llevar a cabo en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del contrato que tuvo lugar el 01 de octubre del año 2000, por lo que podríamos entender que la empresa lleva unos 15 años incumpliendo esta obligación, ya que en la actualidad este servicio está vinculado a líneas 902, que incluso resultan más caras para el usuario que las llamadas ordinarias, y que además han sido declaradas ilegales mediante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El número de llamada gratuita 900 es un número de teléfono único de tarificación especial de España, de la llamada “numeración de red inteligente”, en el que el coste de la llamada es abonado en su totalidad por el usuario que recibe la llamada, siendo completamente gratuito para el usuario que hace la llamada.

Esta situación significa que la empresa ha cargado sobre los usuarios el costa del total de las llamadas realizadas a la empresa durante los últimos quince años, cuando según los dispuesto en el contrato el coste íntegro de todas esta llamadas debería haber sido abonadas por la empresa, a lo que hay que sumar los descuentos que recibe la empresa por parte de las operadoras de telefonía por la utilización de estas líneas,

Así, la utilización de líneas 902 como las empleadas por Aqualia convierte el incumplimiento de una obligación en un medida de ahorro para la empresa y un coste injusto para los vecinos de nuestra ciudad. Así, las llamadas realizadas a este tipo de números desde un fijo tiene el coste similar al de una llamada interprovincial. Si la llamada se realiza desde un móvil, el coste se dispara debido a que esta llamadas no están incluidas en las tarifas planas.

En definitiva, Aqualia, como empresa concesionaria de este servicio ha realizado una práctica abusiva, de forma consciente y reiterada, contraria a la regulación del contrato y costa de sus propios clientes, por la que nos muestra cual es el verdadero ánimo de aquellos que gestionan los servicios públicos bajo el único estímulo del afán de lucro y el máximo beneficio.

Desde IU-Mérida entendemos este comportamiento no como una anécdota, sino como un síntoma de las consecuencias de la gestión privada de los servicios públicos.

Por todo ello, Izquierda Unida-Mérida ha registrado una propuesta al pleno del Ayuntamiento por la que se solicita, que se requiera a la empresa el cumplimiento del contrato, y que seguidamente se inicie un expediente para valorar las sanciones a las que la empresa debería hacer frente debido al incumplimiento reiterado de sus obligaciones.

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