kioskos-plaza-espanaIzquierda Unida-Mérida ha propuesto al equipo de gobierno una serie de medidas para su incorporación a los pliegos que regularán las condiciones que deberán respetar los futuros concesionarios de los quioscos de la Plaza España, como son la incorporación de cláusulas sociales en beneficios de los trabajadores y de las trabajadoras, la introducción de productos de comercio justo o la regulación de precios máximos de las consumiciones, en beneficio de los y las clientes. 

Así, proponemos la ampliación de criterios de valoración de las ofertas mediante la introducción de otros criterios como son: la dispensación de productos de comercio justo -en algunos casos como el café, el te, el cacao y el azúcar-, la contemplación de medidas medioambientales mediante la comercialización de productos extremeños o de producción ecológica y de cercanía.

Por otro lado, incorporaremos la obligatoriedad de contratar a parados de larga duración, de celebrar únicamente contratos indefinidos, reservar el 30% de los puestos de trabajo al empleo femenino y abonar las nóminas de los trabajadores en los cinco primeros días de cada mensualidad.

Del mismo modo, la regulación de unos precios máximos a cumplir por los futuros concesionarios, -en beneficio de los consumidores- son una justa contraprestación a las ventajas de las que disfrutarán los futuros concesionarios, como son la puesta a disposición de un establecimiento en el pleno centro de Mérida, en condiciones que, tras las novedades introducidas por el equipo de gobierno en la financiación de las obras, consideramos cuando menos como notables.

La condición de los quioscos como bienes integrantes del patrimonio municipal permite al Ayuntamiento la incorporación de elementos en la licitación de estos quioscos que no contemplan habitualmente los negocios privados, y que sirven de garantía para el respeto de los derechos de los/as trabajadores/as, los/as consumidores/as y la introducción de cláusulas medioambientales y de fomento del empleo para la inserción laboral de la mujer.

En nuestra opinión, la justificación de la naturaleza pública de estos establecimientos encuentra su justificación en la introducción de este tipo de condiciones, que difícilmente están presentes en la oferta realizada por hostelería convencional que se rige únicamente por los mecanismos de la oferta y la demanda.

En estos términos, queremos subrayar, que la realización de estas propuestas no corrige la postura de IU-Mérida hacia el proyecto presentado por el equipo de gobierno, si no que pretende adaptar la propuesta del gobierno de Osuna a unos patrones de gestión que consideramos más acertados, más allá del posicionamiento que nos distancia con arreglo al diseño y cuantía de los proyectos de remodelación aprobados por el gobierno local, y frente a los que ya hemos mostrado nuestra oposición.

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