plan de empleo socialIzquierda Unida-Mérida considera que los retrasos sufridos en la puesta en marcha de las contrataciones derivadas de la aplicación de la segunda fase del Plan de Empleo Social se deben al pésimo funcionamiento de la delegación de personal y la falta de previsión de la delegada de personal.

A día de hoy, la delegación de personal no ha realizado ninguna de las pruebas a las que ha de someterse los aspirantes aceptados en cada una de las 20 categorías profesionales sujetas al proceso de selección, y esto a pesar de que la fecha inicial de finalización del proceso se fijó en el pasado 31 de junio.

A esto debemos sumarle que en 11 de las 20 categorías sujetas a selección ni siquiera se ha publicado la lista definitiva de aceptados y excluidos para la realización de la prueba práctica, que por supuesto en estos casos todavía no tiene fecha de realización.

Así, el retraso acumulado en la tramitación de las solicitudes , así como el conjunto de los plazos impuestos por la normativa reguladora del proceso selectivo, dificultarán enormemente el cumplimiento del plazo concedido por el SEXPE para la resolución del procedimiento, a pesar de la prórroga de 15 días concedida a estos efectos por la administración regional al Ayuntamiento para la finalización del procedimiento.

Esta situación pone de manifiesto la falta de previsión y los fallos en la gestión del procedimiento por parte de la delegada de personal, que ya se vio obligada a subsanar errores en las bases publicadas en un primer momento, y que fueron debidamente impugnadas por los representantes municipales de Izquierda Unida Mérida.

Las circunstancias descritas adquieren aún mayor relevancia si tenemos en cuenta que nos encontramos ante un procedimiento destinado a personas en riesgo de exclusión social, o que han adquirido la condición de desempleado/a de larga duración.

En este sentido, a las consecuencias que provoca sobre los propios solicitantes el retraso de la resolución del proceso y la firma de los contratos, debemos sumarle el perjuicio producido a los propios usuarios de los servicios públicos, que el Ayuntamiento se ha visto obligado de suspender por esta circunstancia, con el consiguiente deterioro de las imagen de la administración local y los servicios municipales frente a los ciudadanos..

Esta suma de circunstancias nos lleva a dudar de la diligencia y capacidad de la delegada de personal a la hora de cumplir con los requerimientos y competencias profesionales que requiere el ejercicio de un cargo como la gestión de personal del Ayuntamiento de Mérida.

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