Antonio Luís Vélez Saavedra
Siex Mérida
El principal común denominador en el mapa de la corrupción de España de los últimos años ha estado en la privatización de los bienes públicos. Según los actuales sumarios judiciales, y como puede leerse en las noticias, existían tramas organizadas, llámense Púnica o Gurtel, que utilizaban una serie de empresas de servicios que trabajaban con alto coste para los ayuntamientos de su color político, en el caso de las anteriores para ayuntamientos gobernados por el PP. Estos negocios se cerraban habitualmente en reuniones de tipo festivo como congresos o cacerías, una de las cuales se hizo bastante famosa por una foto en la que estaban presentes políticos relevantes del PP de nuestra ciudad, esa era la manera de cerrar los negocios para apropiarse de fondos públicos municipales. En esa época por Mérida pasó una de las empresas de la trama Púnica, como era el Grupo Dico, encargada de obras públicas como la preparación de calles peatonales (Sta Eulalia por ejemplo) o mantenimiento de travesías como la de Reina Sofía, y que hizo negocio en Mérida por algo más de ocho millones de euros, con unos contratos que desde SIEx hemos insistido en muchas ocasiones en que debían revisarse al detalle, al igual que se ha hecho en muchas otras localidades de España donde trabajaban las empresas que formaban parte de la trama de corrupción de la Púnica.
Y a la vez que las privatizaciones de los servicios públicos vaciaban las arcas municipales, los servicios que dejaban de prestarse por la administración empeoraban en la mayoría de los casos, valga de ejemplo el del transporte público municipal en Mérida, que ha visto recortado a la mitad los kilómetros que realizaban los autobuses, dejando zonas periféricas sin servicio y aumentando los tiempos de espera de parada a niveles desorbitados.
No solo conforme con empeorar el servicio de transporte, y de quedar al Ayuntamiento sin los beneficios de los parkings municipales, la grúa, y el depósito de vehículos, además se ha querido vender como un servicio de utilidad el estacionamiento de pago, la llamada zona azul, que puede tener sentido en un par de calles céntricas como por ejemplo Félix Valverde Lillo o La Rambla, para favorecer el tránsito comercial, pero en ningún caso puede serlo en las zonas residenciales, donde el perjuicio a los vecinos es más que evidente, pese a eso el PP sigue negando la mayor y defendiendo este contrato, dejando claro así que sus intereses de partido están por encima de los de los ciudadanos. Desde SIEx siempre hemos denunciado este contrato y pedimos como algo lógico y muy bueno para la ciudad la cancelación del mismo, algo que según recientes declaraciones del equipo de gobierno pudiera estar cerca.
Hay otras utilizaciones de lo público, menos escandalosas que la anterior, pero igualmente poco beneficiosas para los ciudadanos, me quiero referir a los espacios físicos, zonas comunes de localidades como la nuestra, que han convertido su uso público en un uso privativo. Valga como ejemplo la invasión de terrazas y veladores en las zonas más turísticas de la ciudad, que incomodan la vida diaria de los residentes de la zona, pero que con un límite puede tener cierta justificación por la generación de empleo y riqueza que supone para la ciudad. No es el mismo caso que el de las plazas públicas del centro, como la de Sta Clara, la de Turismo, la de los Poetas y sobre todo la Plaza de España, históricos foros públicos que han sido totalmente transformados para uso hostelero, y han quedado inutilizados para el uso ciudadano, tanto para efectos de tránsito, valga como ejemplo la llegada de la calle Sta Eulalia a la Plaza de España, donde las terrazas impiden el paso fluido de personas, e igualmente por el desproporcionado espacio ocupado por los kioscos y veladores, que impide el uso de la Plaza por ejemplo por los más jóvenes o para la celebración de eventos que en muchos casos se ven relegados a los parques fluviales y otras zonas periféricas perdiendo la visibilidad pública que ofrece el mayor foro de la ciudad.
La gestión municipal y no la privatización sin medida de lo público debería ser algo exigible a los gobernantes en este caso municipales, espacios de ocio, plazas, parques, espacios patrimoniales y edificios públicos, como por ejemplo el Teatro Cine María Luisa, el Mercado de Calatrava, o la Ermita de La Antigua recuperados para los ciudadanos, serían un ejemplo de buena política, y que cambiaría esa visión a la que se ha acostumbrado la sociedad de que la política es la conducción de los bienes públicos para el provecho de particulares.
