La Junta de Extremadura ha fortalecido el sistema sanitario con el objetivo de atenuar el impacto en los más desfavorecidos y ofrecer una respuesta decidida a aquellos que más sufren las consecuencias de la crisis sanitaria por la COVID-19.


Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Extremadura para solicitar la convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria.

Blanco-Morales ha mantenido que la prioridad de la Junta de Extremadura es garantizar la salud y seguridad de los extremeños y, al mismo tiempo, abordar las consecuencias de la crisis social y económica generada por la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta primera ha recalcado que el Ejecutivo regional ha sido especialmente sensible, desde el primer momento, a las consecuencias sociales, con especial atención a las personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Para este fin, el Decreto-ley 5/2020 amplía las actuaciones ya adoptadas el pasado 13 de marzo, dirigidas al apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, junto con medidas educativas y de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

En ese contexto, el Decreto-ley 5/2020, en primer lugar, arbitra actuaciones en materia de subvenciones cuyas actuaciones se dirijan al ámbito social, sanitario, socio-sanitario y de salud pública.

Las que tengan un carácter urgente se someterán al régimen previsto en el Decreto-ley 3/2020, a través del cual se habilita a la Consejería de Sanidad a efectuar las modificaciones en su cumplimiento y acreditación y posibilita su tramitación con la mayor urgencia posible.

El principal objetivo es que las entidades sin ánimo de lucro, principales beneficiarias, puedan acceder a la financiación de sus programas, unas actuaciones que complementan el marco de la atención social y sanitario público y que resultan imprescindibles en el actual contexto para que las personas más vulnerables no vean agravada su situación.

GARANTÍA DE LA RENTA DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS

En cuanto a la Renta Básica Extremeña de Inserción y de la nueva Renta Extremeña Garantizada, se exime  a los beneficiarios de cumplir los compromisos suscritos en los Proyectos Individualizados de Inserción y Programas de Acompañamiento y se prorroga de forma automática la percepción de las prestaciones, cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

La titular de Hacienda ha explicado qu durante el mes de marzo, han vencido las prestaciones de 294 expedientes, de los cuales solo constaba la renovación de 117, a los que se les ha concedido; mientras que a los 177 restantes, se les ha dictado la prórroga automática recogida en este Decreto-ley.

Además, se autoriza a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a facilitar el reconocimiento de nuevas prestaciones y a modular los requerimientos formales de las solicitudes. Cabe destacar que la Junta de Extremadura ha ordenado pagos por importe de 8 millones de euros para sufragar la Renta Básica y, en los próximos días, correspondiendo con la nómina de mayo, las prestaciones alcanzarán a 1.776 nuevos perceptores.

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

En el ámbito de los conciertos sociales, el Decreto-ley 5/2020 arbitra un instrumento transitorio para asegurar la continuidad en la atención de los beneficiarios del Marco de Atención a la Discapacidad (MADEX). Con dos objetivos: garantizar la continuidad de la atención y agilizar su tramitación o renovación.

Esta medida, ha afirmado Blanco-Morales, afecta a 40 entidades, que ofrecen servicios que benefician a 6.300 personas y permiten el mantenimiento de más de 1.500 empleos.

Asimismo, se introduce una modificación normativa que adapta los precios de los servicios MADEX al XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad, de forma que se reconoce a los profesionales que trabajan en este ámbito y fidelizarlos a las entidades en las que prestan sus servicios.

Por último, se elimina el requisito de nacionalidad en el nombramiento como personal estatutario de extranjeros extracomunitarios para determinadas especialidades médicas. De esta forma, se paliará la carencia de personal en determinadas especialidades y posibilitar su incorporación al Sistema Extremeño de Salud en las próximas convocatorias de acceso.

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