El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha denunciado este lunes que el nuevo Mapa Concesional Nacional elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contempla dejar total o parcialmente sin líneas de autobuses a 164 municipios de la región, lo que supone que se verán afectados algo más de 800.000 extremeños.

Martín Castizo ha comparecido en rueda de prensa en Mérida junto al director general de Movilidad y Transportes del Ejecutivo regional, Cristóbal Maza Olivera, para denunciar estas pretensiones del Ministerio, que dejaría sin servicio a unos 427.000 viajeros en la región, atendiendo a los parámetros utilizados para la elaboración del mapa y las últimas cifras de usuarios del transporte por carretera.

El titular extremeño del ramo ha puesto como ejemplo que se verían afectados más de 17.000 usuarios que utilizan la línea entre Cáceres y Madrid para viajar de Cáceres a Navalmoral de la Mata, o los 9.447 extremeños que utilizaron la línea Salamanca-Sevilla para desplazarse de Cáceres a Zafra, o los 7.635 que fueron desde Cabezuela del Valle a Plasencia. Además, ha puesto un ejemplo gráfico: «si un ciudadano de La Albuera quiere ir a Sevilla, tendrá que desplazarse por otros medios hasta Badajoz para poder coger un autobús que después pasará por la puerta de su casa», ha indicado para explicar la «tropelía» de este mapa.

«Se trata de una cuestión que consideramos muy grave para la ciudadanía extremeña y que no vamos a permitir», ha recalcado el consejero, que ha avanzado que ha convocado a una reunión este jueves a los alcaldes y alcaldesas afectados para exponerles la situación.

Y todo ello en una región como Extremadura, muy extensa, con muchos pueblos pequeños y en la que medidas como esta afectan de lleno a la despoblación. «Si no rectifica, utilizaremos las vías que hagan falta porque no vamos a permitir este recorte brutal en el servicio de autobuses».

Martín Castizo ha subrayado que ha trasladado al ministro Óscar Puente ese desacuerdo a través de una carta enviada la pasada semana, en la que además de insta a convocar una reunión de la Conferencia Nacional del Transporte para debatir este nuevo mapa concesional.

«No vamos a dejar tirados a esos 427.000 viajeros que día a día utilizan esas líneas de autobuses y que el Gobierno de España pretende abandonar a su suerte, porque el Ministerio solo tiene en cuenta la viabilidad económica y no la social, una cuestión fundamental en Extremadura. Al Ministerio solo le importa el dinero, no las personas», ha insistido.

A este respecto, ha sentenciado que, si el Ministerio no da marcha atrás, «vamos a estudiar todas las medidas oportunas, incluidas las judiciales, para evitar este desprecio a nuestra comunidad».



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