» Los ciudadanos estamos necesitados de un marco financiero público que nos garantice el Estado del Bienestar»
Agustín Plaza Aguado
Una de las cuestiones en las que parece que hay consenso entre técnicos y estudiosos de este país, fruto de una reflexión profunda de nuestra realidad, es que la financiación pública en general necesita un cambio importante.
Estamos en un momento en el que aquellas normas y usos que se empezaron a aplicar hace ya más de 40 años han quedado obsoletas o anacrónicas y no son útiles para estos tiempos.
El miedo a la involución y la defensa de la consolidación de nuestra joven democracia ha sido, unido a otras cuestiones puramente políticas, una de las causas de que España tenga normativas, leyes y prácticas que en gran parte de Europa ya fueron superadas hace años.
Resulta evidente que cuando hablamos de cuentas del estado y de la financiación nacional, para el ciudadano de a pie, estamos hablando implícitamente de los fondos necesarios para mantener en nuestro país el ESTADO DEL BIENESTAR, con dos ejes prioritarios: sanidad y educación, al que habría que añadir obviamente un tercero que es la capacidad mínima económica de subsistencia (llámese ingreso mínimo vital o como se quiera).
En tiempos de transición y definición democrática, el eje sobre el que debería vertebrar todo desde un punto de vista económico eran las autonomías, llegando casi a la desaparición de la capacidad económica del Estado, posiblemente, si se pretendía una transición pacífica y de consenso, era una cuestión imprescindible.
Pero el tiempo y la cruda realidad nos va enseñando que es imposible una España de igualdad de oportunidades en el Estado del Bienestar , si no cambiamos el sistema , donde el papel del Estado y de las autonomías está confundido y no es nada claro para el ciudadano, ni siquiera para los propios gestores de las distintas administraciones, incluso hay políticos con dificultades para discernir qué corresponde a unos u otros, a quién se debe pedir responsabilidades e incluso quien debe rendir cuentas y ante quién.
La realidad es que los impuestos cedidos a las autonomías , tienen un billete de ida y vuelta en gran parte, pues el 75% de los ingresos que obtienen las autonomías deben ir a un fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), cuyo destino es mantener unos mínimos comunes en sanidad y educación o lo que es lo mismo, garantizar el Estado del Bienestar quedándose con un 25% , en un mal viaje de ida y vuelta que financiera y económicamente no hay por donde agarrarlo pues sólo ese 25% es de libre disposición de las autonomías.
Según el modelo de Estado de bienestar establecido en la Constitución de 1978, la financiación autonómica no debería estar diseñada para financiar los mínimos de nuestro Estado de bienestar, es al Estado, y no a las Comunidades Autónomas, al que le corresponde la financiación de esos mínimos en sus Presupuestos Generales, sería, por tanto, necesaria una reforma de la ley de financiación autonómica lo que produciría una reducción enorme de las necesidades financieras, eliminándose el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
Como dice la profesora de derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza Eva Sáenz Royo “alguien confundió al diseñar la financiación autonómica decisión (que le corresponde al Estado en materia de bienestar, al margen de las mejoras autonómicas) con gestión (que le corresponde a la Comunidad Autónoma). Y nadie lo sacó del error.”
Parece obvio y necesario abordar dos reformas sustanciales. Una que cambiaría los presupuestos de los que tiene que partir la financiación autonómica y otra, que crearía unas reglas de control sobre el gasto en bienestar.
Si seguimos bajando en el escalón de la financiación pública, acabamos en el ámbito municipal, que sin duda es el estamento que, por su cercanía al ciudadano y su interacción directa con él, más presión directa soporta, lo que le lleva a asumir compromisos de atención que suponen unas cantidades de gasto enormes, que a su vez obligan a buscar ingresos para atender necesidades que deberían correr de cuenta de las autonomías o del estado, pero nunca de los ayuntamientos.
Prueba de las fragilidad y de la necesidad de cambio en la financiación pública, en el ámbito municipal lo hemos vivido estas últimas semanas , asistiendo a una situación trágica para las arcas municipales , pues la sentencia del tribunal Constitucional considerando nulo el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como impuesto de plusvalía municipal ha hecho tambalearse financiera y económicamente a la mayoría de los ayuntamientos de este país.
El impuesto de Plusvalía es un tributo directo que depende de los Ayuntamientos, se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda, un impuesto que nació para frenar la especulación inmobiliaria penalizando a quién compraba para vender rápidamente más caro,lo cambiaron en tiempos del boom inmobiliario para poder engordar las arcas municipales de forma extraordinaria, y que al final no sirve para lo que fue creado: penalizar la especulación.
Para hacernos una idea de lo que en términos económicos supone esta figura fiscal, baste con saber que es la segunda que más aporta a las arcas locales, por detrás del IBI. Los Ayuntamientos españoles ingresaron por este tributo más de 1.700 millones en 2020. En 2019, antes de que la pandemia afectase a la recaudación, supuso 2.519 millones para las arcas locales.
La sentencia del Constitucional no acepta la retroactividad así los consistorios no se verán obligados a enfrentarse a una avalancha de reclamaciones porque la sentencia del Constitucional estableció un blindaje contra esa posibilidad. La no aceptación de la retroactividad al final supone para los ayuntamientos dinero para las arcas, y evidencia que, en estos casos, compensa cometer inconstitucionalidades.
Por todo ello, la reforma de financiación pública se hace cada día mas urgente y los ciudadanos estamos necesitados de un marco financiero público que nos garantice el Estado del Bienestar, ajustándose a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades.
