Álvaro Vázquez Pinheiro y Montserrat Girón Abumalham

Unidas por Mérida (Izquierda Unida –Podemos)


La crisis de 2008 no ha terminado con la aparición de la pandemia. La irrupción de la crisis provocada por la COVID-19, no ha hecho más que sumarse a las consecuencias de la crisis financiera que, debido a la crisis sanitaria, ha adquirido una nueva dimensión. Los efectos de la crisis aún perduran en el conjunto de la economía, y Mérida no es una excepción.

La crisis financiera, como cualquier otro acontecimiento de relieve, se manifestó en la vida cotidiana de nuestra ciudad. La presencia de las obras sin concluir de la urbanización de “Los Álamos” son un testimonio de los efectos de una crisis que tuvo uno de sus principales focos en el sector inmobiliario.

Una de las notas características de los nuevos tiempos que nos acompañan desde 2008 es el continuo incremento de la desigualdad; en este escenario, las dificultades a las que tiene que hacer frente buena parte de nuestros vecinos y vecinas para acceder a una vivienda son más que notorias, en una ciudad que ha visto crecer el desempleo y la estabilidad laboral, mientras que la Junta de Extremadura no ha adoptado ninguna medida significativa para aumentar el parque de viviendas públicas, ni tan siquiera para mantener y conservar las viviendas de su propiedad en las que ejerce como casero. Muy al contrario, la única medida llevada a cabo en esta materia ha sido, lamentablemente, la realización de desahucios que, al menos en cuanto a la vivienda publica en Extremadura, parecen remitir.

Los precios, las dificultades para acceder a un crédito y la paralización de obra nueva por parte de promotores privados, ponen de manifiesto que el mercado inmobiliario español resulta un instrumento ineficaz para garantizar el derecho a la vivienda. Es aquí donde resulta evidente la necesidad de la intervención de los poderes públicos, como la herramienta más adecuada para resolver este problema.

La situación de abandono que la urbanización de “Los Álamos” sufre desde hace más de una década, da testimonio de algunas cuestiones que consideramos relevantes. En primer lugar, presenta una oportunidad para que las administraciones terminen una que fue desechada por los mecanismos del mercado ya que no la pudieron terminar los empresarios, y con ello aumentar la oferta de vivienda pública y posibilitar que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad accedan a las vivienda que el mercado les niega; en segundo lugar, refrenda nuestra creencia en que los intereses del mercado y las necesidades de las personas que quieren adquirir una vivienda, no suelen coincidir.

En realidad, la cuestión es bien sencilla, ¿va la Junta de Extremadura a hacer algo para convertir las ruinas de la urbanización “Los Álamos” en viviendas para las personas que viven en nuestra ciudad, o vamos a seguir contemplando los restos de una obra sin que nadie haga nada? Las personas que formamos parte de “Unidas por Mérida”, entendemos que lo razonable es hacer algo al respecto.

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