Óscar Fernández Moruno
Concejal de Unidas por Mérida (Izquierda Unida-Podemos)
Ayuntamiento de Mérida
En el número del mes de abril, escribía en esta misma revista sobre la Vulneración del Derecho a la Vivienda, sobre los problemas y las dificultades de grandes grupos de población, para poder acceder en condiciones dignas a la vivienda de uso habitual, como una “mala costumbre”, que ha caracterizado a este país en las últimas décadas. Las costumbres perniciosas conviene erradicarlas. Sobre todo, cuando afecta a derechos sociales.
Estas dificultades de acceso y a este derecho no son un castigo divino. Los abusadores privados y públicos, y la falta de interés de responsables políticos en los niveles que tienen competencia en la vivienda, son el resultado de dejarles hacer, y de no respetar ni velar por el ejercicio práctico de los derechos constitucionales. Esta situación de abuso continuado, que se ha convertido en “costumbre” en muchas zonas del país, y no sólo, en las grandes ciudades y en zonas de gran afluencia turística, debe afrontarse con seriedad y valentía. Vamos, lo que debe ser la responsabilidad pública de las personas que gobiernan en los diferentes niveles de nuestra administración, nacional, autonómico y local.
Se ha intentado poner freno a nivel nacional, dentro de sus competencias, con la primera Ley Estatal de Vivienda en España (Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, BOE, núm. 124, de 25 de mayo de 2023) que empezó a andar en 2023, y desde los gobiernos autonómicos de PP, o PP y Vox, lo han ido boicoteando, han ido interviniendo en su contra. A esto se le llama irresponsabilidad política, o saber trabajar para los intereses de los grandes propietarios de vivienda. Tanto los abusos en la fijación de precios por parte de una gran parte de grandes propietarios empresariales y/o familiares de viviendas, como la ausencia de iniciativa pública en la promoción de vivienda pública en sus diferentes modalidades, han configurado una situación de abuso e indefensión de la población con respecto al derecho de acceso a la vivienda. En la mayoría de los medios de comunicación, no se relata esta realidad, como principal problema de la población, y prefieren abandonarse a otras supuestos miedos y preocupaciones fomentadas todos los días de la semana por las campañas de publicidad de los anunciantes de sus medios (empresas de seguridad, empresas inmobiliarias, etc.).
Desde hace un tiempo existen en España, ciertos intereses de compañías de seguridad y alarmas, así como ciertas empresas, que financian cuantiosas campañas de publicidad en diversos medios de comunicación (cuñas de radio, anuncios en Televisiones de ámbito estatal…) y, algunas de estas compañías tienen relaciones con representantes políticos, para posicionar estos temas y miedos en la agenda y parrilla de supuestos “temas de interés diarios”.
Estas presiones e influencias comerciales de los intereses de empresas de seguridad, por ganar la parrilla en los medios de comunicación de manera tan extensa y brutal como se está produciendo en los últimos años, por supuesto, pueden ser consideradas como algo “legítimo”, desde el punto de vista puramente comercial, y de los intereses comerciales de estas compañías. Pero, lo que no puede ser considerado legítimamente democrático, transparente y sano en el funcionamiento de ciertos medios de comunicación es que de manera intencionada confundan a la audiencia, al convertir estas campañas comerciales en “realidades” o “problemas de actualidad, al tiempo que dejan de exponer y analizar otras temáticas, demandas y problemas sociales, como es el caso del incumplimiento del derecho de acceso a vivienda en este país, de los desahucios, de la venta de patrimonio público, como viviendas públicas de algunos gobiernos municipales o autonómicos a fondos de inversión, con directivos que tienen relaciones familiares con miembros del partido político que ha tomado esas decisiones.
Hace unos meses, comentamos que gracias al instrumento de “Declaración de zonas tensionadas”, que favorece esta Ley estatal de Vivienda, se puede poner en marcha por parte del gobierno autonómico, medidas de CONTENCIÓN DE PRECIOS, y, por tanto, herramientas democráticas y legales contra la especulación y los abusos en el sector de la vivienda. El gobierno autonómico prefiere intervenir en otro sentido de la economía, “liberando suelo” (medida que ya se vio en otras épocas, que produce un efecto inflacionario).
En el número de abril de este año de Mérida Digital, abordaba también el problema de acceso a la vivienda en este país, y comenzaba el artículo, recordando que según un Informe reciente de la organización pro-derechos humanos Amnistía Internacional, “España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por España en 1977). Este Comité ha instado a España a asegurar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones adquiridas y ha recordado su obligación de prevenir violaciones de este derecho.”
Bien, pues termino este artículo de colaboración en Mérida Digital, del mes de septiembre de 2024, en ese mismo punto que comenzaba en el mes de abril, y, además, recordando un extraño artículo 47 de la Constitución Española, que casi nadie quiere aplicar en este país:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Este artículo acaba aquí, pero me temo que continuaré hablando del problema de acceso a la vivienda en España, y en Extremadura.
CONTINUARÁ….
