Óscar Fernández Moruno
Portavoz Grupo Mixto Ayuntamiento de Mérida
Los problemas y las dificultades de grandes grupos de población, para poder acceder en condiciones dignas a la vivienda de uso habitual, en nuestro país, han caracterizado a este país en las últimas décadas.
Los problemas siempre han sido de “asequibilidad”, precios abusivos de alquileres, y de compra, unido “precariedad sociolaboral (salarios bajos o contratos a tiempo parcial) y de falta de disponibilidad de vivienda pública, y de vivienda social. La vivienda social en nuestro país no llega al 2% del total de viviendas, mientras que, en nuestro entorno de la Unión Europea, la media supera el 15%. Según el último censo de 2023, existen 3,8 millones de viviendas vacías. Entre 2009 y 2018 el presupuesto público para el acceso a vivienda y fomento de la edificación se redujo más del 70%.
Desde 2016, la vivienda en alquiler ha subido de media un 51%. El 37% de la población que vive en una vivienda de alquiler, dedica a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos. La edad media de personas que alquilan una vivienda compartida ha subido hasta los 34 años.
Desde los poderes políticos no siempre se ha intervenido para solucionar este grave incumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española (C.E.), sino más bien al contrario. Desde los poderes políticos se ha actuado más bien como brazo ejecutor de los intereses de grandes propietarios inmobiliarios, y/o de los intereses financieros como agentes hipotecarios. Como también, nos recuerda la organización no gubernamental pro-derechos humanos Amnistía Internacional:
“España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por España en 1977). Este Comité ha instado a España a asegurar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones adquiridas y ha recordado su obligación de prevenir violaciones de este derecho.”
Ha habido que esperar nada menos, hasta mayo del año 2023, para poder ver la primera Ley Estatal de Vivienda, en España, después de un larguísimo período de negociaciones, zancadillas y palos en las ruedas, entre grupos parlamentarios, para ver con nuestros propios ojos, algo que podía parecer de ciencia ficción, o como diría en vida, mi admirado Manuel Vázquez Montalbán, “historias de política ficción. Esta Ley Estatal, es un avance, y pone las bases para poder mejorar las condiciones de vida de millones de personas y familias en este país.
Peeeerrrrooo… El “pero”, es que se deben poner en marcha una serie de medidas o herramientas por parte de las comunidades autónomas para la implantación real, como es el caso de la “Declaración de Zonas tensionadas”, y claro, hay ideologías políticas e intereses inmobiliarios representados en grupos políticos y en representantes políticos, que no quieren implantar esas mejoras. Prefieren intervenir en contra de los intereses de las mayorías sociales y en contra de la aplicación del artículo 47 de la C.E. Mira que, se utilizan eufemismos para hablar de problemas reales de injusticia económica y social en nuestras sociedades, pero la palma de los eufemismos se lo lleva esta expresión, de utilizar “zonas tensionadas”, en vez de “zonas con precios abusivos para un bien de primera necesidad”.
Por tanto, en este país siguen sufriendo en sus carnes, las imposibilidades reales para acceder a una vivienda.
El grupo parlamentario de Unidas por Extremadura (Izquierda UNIDA-Podemos-Alianza Verde), ha propuesto y defendido, las siguientes medidas para ofrecer soluciones reales a la población: declarar zonas tensionadas de alquiler en Extremadura; elaborar y ejecutar un plan de construcción de vivienda pública; realizar un mapeo de las viviendas vacías, favoreciendo la rehabilitación de las mismas, y crear un grupo de trabajo con la FEMPEX que permita diseñar estrategias de vivienda, con el objetivo de construir bolsas de alquiler asequible y de compra prioritariamente dirigido a la juventud. Una propuesta que ha sido rechazada por los partidos que componen el Gobierno de la Junta, PP y Vox.
Con el instrumento de “Declaración de zonas tensionadas”, que debe poner en marcha la administración competente, en este caso la autonómica, se permite ejecutar la CONTENCIÓN DE PRECIOS, y por tanto luchas democrática y legalmente contra la especulación y los abusos en el sector de la vivienda. El gobierno autonómico prefiere intervenir en otro sentido de la economía, “liberando suelo” (medida que ya se vio en otras épocas, que produce un efecto inflacionario).
Pero también a nivel municipal, se podría acometer un parque municipal de viviendas destinadas a cubrir necesidades en situaciones de emergencia social, se nos presenta como una medida imprescindible para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda en favor de aquellas personas que no disponen de los medios económicos imprescindibles para ello. Una medida que fue propuesta por el anterior grupo municipal de Unidas por Mérida, y que contó con el rechazo de la mayoría de los grupos con representación en el pleno durante la legislatura anterior. Además, se debe luchar contra la proliferación de apartamentos turísticos excesiva o su influencia en burbuja inflacionaria de precios de alquiler y de compra de vivienda.
