Según ha denunciado hoy el coordinador del GPP en materia de Sanidad y Políticas Sociales, José Ángel Sánchez Juliá.

José Ángel Sánchez

Los ayuntamientos extremeños han dejado de percibir el 50% de las subvenciones que concede la Junta de Extremadura para el mantenimiento de plazas en centros de día y pisos tutelados para personas con un grado de dependencia moderado —también conocido como grado 1—. 

En una rueda de prensa en la sede regional del PP en Mérida, Sánchez Juliá ha informado de que este “escandaloso recorte social” asciende a 1,56 millones de euros y ha exigido al Ejecutivo regional que saque una nueva orden de subvenciones por este mismo montante para evitar las “graves” consecuencias de esta decisión.

Tal y como ha detallado, a principios del mes de abril, se resolvió por parte del SEPAD esta orden de subvenciones que “ya tenía un recorte” de 110.000 euros con respecto a 2015. Tras la resolución, se ha podido constatar que el 40% de los fondos que se destinan a subvencionar las plazas en centros de día “no se ha concedido”, por tanto, ha dicho, un total de 482.000 euros ha dejado de llegar a los ayuntamientos.

En el caso de las ayudas para las plazas en los pisos tutelados, el 42,4% de los fondos se ha quedado en las arcas de la Junta de Extremadura, con lo que los consistorios extremeños han perdido 1.086.000 euros para hacer frente a este servicio, lo que a juicio de Sánchez Juliá pone en serio peligro su viabilidad.

Ante este escenario, el diputado ´popular´ ha señalado que serán los ayuntamientos quienes tengan que hacer frente a este “recorte” que, en el caso de algunos consistorios alcanza al 45% del total del dinero que recibían por este concepto, lo que podrían generar el cierre de centros de día, la reducción de las plazas en centros tutelados e incluso incrementar la aportación que realizan los usuarios, dejando en riesgo de “quedarse en la calle” a aquellas personas que no puedan hacer frente a este sobrecoste. 

13.000 EXTREMEÑOS ESPERANDO

El coordinador del GPP en materia de Sanidad y Políticas Sociales ha criticado que, mientras la Junta deja de conceder a los ayuntamientos 1,56 millones de euros para el mantenimiento de estas plazas, 13.000 extremeños que tienen reconocido el derecho para recibir servicios asociados a la Ley de la Dependencia continúan sin recibir lo que les corresponde.

Al respecto, ha insistido en que “ese millón y medio de euros no se puede quedar en las arcas regionales, mientras hay extremeños que siguen sin tener servicios y mientras hay extremeños que necesitan estos fondos” y ha vuelto a reivindicar que de manera “inmediata” se haga una nueva orden de subvenciones para subsanar este “escandaloso recorte”.

Asimismo, ha reclamado al consejero del ramo, José María Vergeles, que “deje de financiar sus políticas a costa de los ayuntamientos”. En este sentido, ha recordado que Vergeles “ya intentó” financiar la Renta Básica “comprometiendo el Fondo de Cooperación Municipal” y, posteriormente, “está intentando autoeximirse del IBI sanitario”, para ahora “volver a perjudicar” a los consistorios “obligándoles a financiar aún más las plazas en pisos tutelados y centros de día”.

Finalmente, Sánchez Juliá ha lamentado que estos “recortes sociales” de Fernández Vara sean la continuación del “retroceso” que está sufriendo Extremadura en materia de Dependencia, pasando del cuarto al sexto lugar de las CCAA en aplicación de la Ley “en solo seis meses”, y el siguiente paso a la “paralización de facto” de este derecho, cuyas listas de espera alcanzan un 37% en prestaciones y un 10% en valoraciones.

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