“No queremos otro caso ‘huertas de Plasencia’ y que al final paguen todos los emeritenses si esto termina en el juzgado por la intransigencia de Rodríguez Osuna”

kioskos-plaza-espana El director de Abogados CE Consulting Mérida y representante de los concesionarios de los quioscos de la plaza de España, Alberto Delgado, ha pedido que el alcalde Antonio Rodríguez Osuna avale con su patrimonio personal el posible derribo de estos emblemáticos establecimientos.

“Se trata simplemente de que acuda a un notario y firme un compromiso por el cual, si se derriban los quioscos y la justicia establece que hay que indemnizar a los concesionarios, esta indemnización se afronte con los bienes y rentas de Rodríguez Osuna, y no lo paguen todos los emeritenses”, señaló.

Delgado indicó que “no queremos en Mérida que ocurra algo similar al caso de las huertas de Plasencia, donde, al final, hay que pagar a los propietarios 40 millones de euros que van a salir del bolsillo de los placentinos, privándoles de otras inversiones necesarias para la ciudad”.

El representante de los concesionarios añadió: “ya es bastante grave que, con las necesidades que hay en las barriadas, el alcalde quiera que los contribuyentes paguen los más de 700.000 euros que costarán los nuevos quioscos, pero si encima hay que indemnizar, ya sería intolerable que se meta la mano en el bolsillo de los ciudadanos para pagar algo que estamos advirtiendo reiteradamente que es un error, sin que nuestro alcalde quiera escuchar”.

Asimismo, lamentó que dada la intransigencia del alcalde el asunto pueda terminar en los juzgados, cuando podría resolverse por la vía del diálogo en unas horas.

Alberto Delgado se mostró convencido de que Rodríguez Osuna no tendrá inconveniente alguno en firmar el documento notarial. “Se ha hartado de decir que tiene informes de los Servicios Jurídicos municipales que le avalan, y también informes del Consorcio y de Patrimonio, unos informes que nadie ha visto, pese a haberlos pedido reiteradamente de manera verbal y por escrito, siguiendo la vía oficial”.

“Pues bien –continuó Delgado— si es cierto que tiene esos informes jurídicos, no tendrá inconveniente en poner su patrimonio como garantía, ya que no correría peligro, ¿o es que tales informes no existen o no dicen lo que él dice que dicen?”

Transparencia, participación y responsabilidad

El representante de los concesionarios indicó que tras la crisis de credibilidad que han supuesto los innumerables casos de corrupción política “estamos en una nueva era, donde los ciudadanos exigimos a nuestros políticos transparencia, participación y responsabilidad”.

Según manifestó, “la transparencia parece que no existe para el señor Osuna, ya que se niega a facilitar los informes que dice tiene y ni siquiera recibe a los concesionarios, pese a que se lo pedimos por escrito hace cinco meses; en cuanto a la participación, tampoco anda sobrado, puesto que ni hace caso de los miles de emeritenses que han firmado contra el derribo ni a los representantes de los ciudadanos que en pleno le dijeron por amplia mayoría que frenase este desatino”.

Quedaría rectificar la actitud llevada hasta ahora “y también quedaría la responsabilidad, que marca que un político, si mete la pata por desoír los avisos que de manera insistente se le están haciendo, afronte las consecuencia, pero las afronte de verdad, pagando de su bolsillo, no derivando el pago de sus errores y su tozudez hacia los ciudadanos”.

Por último, y en relación a las cláusulas sociales que IU Mérida ha solicitado en el caso de nueva licitación, Delgado señaló: “estamos de acuerdo con las cláusulas sociales, y recordamos al señor Osuna que éste es un compromiso de su secretario general y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y por eso decimos: ¿hay mayor cláusula social que no condenar al paro a 18 familias, que lo único que han hecho es trabajar cada día ganándose el respeto y el cariño de los emeritenses?”.

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