Óscar Fernández Moruno
Portavoz Grupo Mixto Ayuntamiento de Mérida
El sector agrario, fundamentalmente el modelo social y familiar, en nuestra comunidad y en el conjunto del Estado está atravesando una situación de crisis que no es puntual, y que arrastra causas estructurales (climáticas o como consecuencia de la aplicación de las políticas agrarias y comerciales de la UE, cada día más liberalizadoras, en un mercado con un alto componente especulativo y con una distribución que acumula mayor poder de negociación) que deben ser abordadas en su totalidad. La baja rentabilidad está motivando movilizaciones del sector productor en muchos países de la UE. Esta ola de pro- testas llega a España a través de las OPAS (organizaciones profesionales agrarias) pero también a través de convocatorias supuestamente independientes que pretenden reproducir el fenómeno de las movilizaciones de camioneros en la pasada legislatura.
Algunas de las causas, como las que son derivadas de la crisis climática que padece el planeta, son más difícilmente abordables en el corto plazo, al menos desde nuestro marco de actuación, y es importante centrarnos en mitigar sus efectos y adaptarnos a la nueva situación. Otras en cambio, como son las de carácter político y comercial, pueden ser revertidas de manera más inmediata desde los poderes públicos, en los diferentes ámbitos.
En este último año la sequía ha sido, seguramente, el factor que más ha preocupado al sector agrario español. A este respecto, el Gobierno advierte en su plan Estrategia España 2050 que la tempera- tura de nuestro país va a seguir aumentando. Para dicho año, el clima de España será aún más cálido y, por tanto, las sequías mucho más intensas, llegando a afectar al 70% del territorio. La situación es preocupante, sobre todo si se tienen en cuenta los datos que ofrecen nuestros embalses. La agricultura será el sector con mayor exposición al riesgo de sequía en la UE, con pérdidas acumuladas previstas de 1,8 billones de euros, equivalentes al 9,8% de los ingresos del sector. Dado el peso de la agricultura en nuestro país, las consecuencias de la sequía pueden ser catastróficas.
En 2022, el sector aportó el 9,2% del producto interior bruto frente al 6,6% que supuso en Eu- ropa. Es un hecho que el sector agrario en nuestro país se configura como un sector estratégico por su relevancia económica y social, pero sobre todo porque garantiza la seguridad alimentaria de la población suministrando los productos más esenciales, los alimentos. Es fundamental tomar medidas para proteger a este sector, a sus trabajadores y trabajadoras, en uno de sus momentos más duros. De su prosperidad depende la de todos los demás. Los productos básicos de la cesta de la compra, según el último dato disponible, subieron en un año el 18,93% para los y las consumidoras, a pesar del mantenimiento de la rebaja del IVA. Mientras tanto, una buena parte de los productores agrícolas y ganaderos siguen sin percibir un precio justo. Es necesario equilibrar la balanza y desde las instituciones públicas se debe ofrecer soluciones a la situación de incertidumbre que viven las familias y las pequeñas explotaciones agroalimentarias, ejerciendo el control público para corregir situaciones coyunturales y proponer mejoras estructurales en la cadena alimentaria.
Para poder mejorar esta situación crítica, es necesario y viables implantar las siguientes medidas desde los diferentes ámbitos de la administración: europeo-comunitario, estatal, autonómico y municipal.
Ámbito Europeo:
- Reforzar la agenda “verde” y la Agenda 2030, porque contrariamente, a los que difunden mensajes demagógicos “anti ambientalistas” de ciertos grupos de activistas de perfil de extrema de- recha, que han hecho suyas algunas organizaciones empresariales y partidos políticos, tenemos que decir bien alto, que a toda la sociedad “nos va la vida en ello”. No se puede hacer demagogia cortoplacista, con bulos y medias verdades, que sólo favorecen a los grandes intereses creados de los grandes laboratorios (pesticidas de Bayer y de Monsanto) fabricantes de ciertos productos fitosanitarios.
- Terminar con los Acuerdos internacionales mal llamados de “Libre Comercio”, porque no sólo van en contra de uno de los cimientos sobre los que se construye la propia Política Agraria Comunitaria (PAC), como base de la preferencia comunitaria frente a la competencia externa, sino que terminan afectando los principios de soberanía alimentaria y al sistema de la producción primario o agropecuario de las sociedades en los países firmantes de los mismos, de uno y otro lado del mundo.
Ámbito estatal:
- Mejorar los controles de la Ley de Cadena Alimentaria, norma, por cierto, que no fue apoyada por VOX ni por el PP. En concreto, reforzar la inspección y poniendo en marcha un Observatorio de costes y precios alimentarios más realista.
- Impulsar una reforma de la PAC que ponga en el centro a las y los agricultores europeos, recuperando los principios de preferencia comunitaria y de equiparación de rentas.
Ámbito autonómico:
- Complementar las ayudas a la sequía puestas a disposición por el gobierno central con unas ayudas propias para paliar los efectos de la sequía en los cultivos y en el ganado; así como elaborar planes de emergencia por sequía.
- Medidas para controlar el desequilibrio existente entre oferta y demanda, con la dotación presupuestaria pertinente para compensar las pérdidas del sector productor, y en el mismo sentido a que inste al Gobierno de España a que haga lo mismo.
- Priorizar las ayudas al sector hacía el modelo social y familiar agrario, y no al modelo de grandes corporaciones y fondos de inversión.
- Elaborar, en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y el sector en su con- junto, un Plan de Rescate Agrario integral que aborde las distintas problemáticas que afronta el sector a corto, medio y largo plazo, como son el incremento de precios de las materias primas, la sequía, la venta a pérdidas, la falta de relevo generacional, etc,.
- Instar al Ministerio de Agricultura a impulsar una reforma de la PAC que ponga en el centro a las y los agricultores europeos, recuperando los principios de preferencia comunitaria y de equiparación de rentas.
- Flexibilización y “simplificación” de la actual PAC, teniendo en cuenta el tamaño de las explotaciones, a la hora de las exigencias “administrativo-burocráticas”.
Ámbito municipal:
- Desde el ayuntamiento de Mérida, se pueden acondicionar unos espacios municipales, como “mercados de venta directa sin intermediario/as”, para la exposición y venta de las pequeñas explotaciones agro-ganaderas de la comarca.
Eso sí, hemos indicado medidas desde las administraciones, pero las organizaciones empresariales y sindicales del sector, también son y seguirán siendo actores imprescindibles en estas problemáticas. Es- tamos en año electoral en el ámbito europeo (elecciones al parlamento europeo en junio de 2024) y se comprende la idoneidad de las movilizaciones empresariales en estos meses, pero, a largo plazo, sale “caro”, en cuanto a la opinión pública de cada país o región, utilizar y jugar demagógicamente ciertos falsos debates y medias verdades, como el caso la demagogia “anti-ambientalista”, que empezaron a poner en circulación ciertos sectores de ultra derecha, y han “comprado” ahora otras organizaciones y me- dios de comunicación de otro perfil, en principio “no extremistas”.
Estas últimas “movilizaciones del campo”, de diversos sectores de productores y/o sus organizaciones de propietarios, se olvidan, muchas veces que sus explotaciones necesitan de trabajadoras y trabajadores para sacar todos los días sus explotaciones adelante, como en cualquier explotación de otro sector eco- nómico, que reciben ayudas e incentivos para maquinaria, de bonificaciones de seguros sociales, etc. Y a mí me parece muy bien, que se “subvencione” un sector estratégico. Pero, no se nos olvide que la legislación laboral hay que cumplirla y no escamotearla o boicotear tanto el convenio colectivo, como las me- joras retributivas, implantadas en los últimos años a través de sucesivas actualizaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Porque algunas de las organizaciones empresariales que se están movilizando estos días, se han caracterizado desde hace años por esas prácticas de bloqueo y torpedeo de las mejoras sociolaborales de la población asalariada de este sector, tan importante en sociedades como la extremeña. No olvidemos la última huelga laboral del sector agrícola en Extremadura de mayo de 2022.
Desde los ámbitos urbanos de nuestra sociedad, se utiliza una denominación genérica de “rural”, cuando se está hablando del resto de ámbitos “no urbanos”. Pero, lo más apropiado, sociológicamente hablando, es que, en la práctica, existen diversas realidades rurales, al igual que existen diversas realida- des “urbanas”. No hay un único y uniforme “sector del campo”, hay diversidad de sectores, de tamaños de explotaciones, de intereses contrapuestos, por no hablar de diversidad en las realidades sociolaborales, locales y regionales, de las oportunidades, las condiciones de trabajo, de expectativas laborales de la población (“mercados laborales locales”).
