Marta Gervasia Garrido Moreno

Concejala VOX Ayto de Mérida


Tras el duro confinamiento, la maquinaria administrativa de la OAR comenzó a notificar las sanciones que habían empezado a imponerse con la puesta en marcha del Radar situado en la Avenida Reina Sofía. La friolera de 6.581 denuncias sólo en los meses de Abril y Mayo (más de un 3% de todos los vehículos que circularon por ese tramo). Las arcas municipales, podrían embolsarse en sólo dos meses, más de 800.000 €

Como quiera que pensamos, igual que los tribunales, que la finalidad de los radares debe ser la prevención de accidentes, y no el ánimo recaudatorio, y tras los correspondientes estudios jurídicos, detectamos que según la normativa vigente, la señalización del radar no era la correcta y así lo dimos a conocer al Pleno Municipal, rogando que el equipo de Gobierno lo señalizara con arreglo a la Ley y que anulara las multas impuestas hasta la fecha.

Nuestra propuesta fue rechazada, “sostenella y no enmendalla”. Ni siquiera aceptaron colocar un par señales legales, una en cada sentido de la circulación, como tiene hecho el Ayuntamiento de Badajoz en el Puente Real. No obstante, durante el Pleno, el Sr. Concejal Delegado de Tráfico informó a todos los presentes que disponía de numerosos informes que avalaban la legalidad de la señalización del radar y que los pondría a disposición de los grupos.

El Sr. Alcalde, apuntilló que en breve instalaría dos radares más. Si no quieres café, toma tres tazas.

Como el Sr. Concejal Delegado de Tráfico no cumplió su palabra de entregar los informes, se los hemos solicitado por escrito hasta en dos ocasiones, con la misma respuesta efectiva: ninguna. Así que hemos recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España en Madrid para que le obligue a hacerlo.

Su negativa nos hace concluir que, además de la falta a su promesa en el Pleno del Sr. Concejal, los famosos informes que respaldarían la legalidad de la señalización del radar, o no existieron nunca o lo que contienen no quiere que se haga público porque no avalan las rotundas afirmaciones hechas por él mismo.

Como sabéis, abrimos las oficinas de nuestro grupo para asesorar de forma desinteresada, a los miles de emeritenses contra los cuales se había abierto expedientes sancionadores, que a nuestro juicio, son ilegales. A nuestro despacho han llegado casos desesperados, transportistas a los que pretenden retirar el carné y con ello su medio de vida, trabajadores que no pueden hacer frente a las sanciones impuestas y que están abocados a que les embarguen,…ayer mismo acudió un afectado que se ha tenido que dar de baja por depresión.

Esos informes no entregados son fundamentales para ayudar a defenderse a miles de emeritenses de esta tropelía ilegal y de finalidad claramente recaudatoria, pero el Equipo de Gobierno los oculta y ensombrece, por ello les requerimos de nuevo desde esta tribuna, Transparencia y Luz, antes de que la obliguen a tenerla desde Madrid.

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