cesar opinionCésar Peguero

Periodista


El equipo de gobierno ya tiene encauzado la aprobación de los presupuestos municipales para este año. Los grupos municipales parecen mostrar buena disposición a negociar lo poco que queda para invertir, ya que la mayor parte de los gastos se va en el pago de personal, intereses, luz, los servicios contratados y demás desembolsos fijos que genera el ayuntamiento. Pero hay algunas partidas que se libran al control del Ministerio de Hacienda, a cuyas directrices se deben las cuentas municipales para cumplir con el plan de estabilidad que le han impuesto por el mal estado de las arcas municipales. Plan que pide sobre todo reducir gastos en personal (algo de lo que está sobrado el ayuntamiento aunque descompensado) al menos en un 5%. La pregunta es cuánto le quedará al ayuntamiento para poder llevar a cabo sus iniciativas políticas y la de los demás, porque el grupo de gobierno está en minoría. A ojo puede ser unos cuatro o cinco millones de euros de un presupuesto de 45 millones de euros.

El PSOE, principal actor de la negociación, en principio está abierto a escuchar propuestas. De hecho, realizó una campaña para que la sociedad emeritense participase en su elaboración aportando ideas y sugerencias. Aunque la participación fue escasa. Su línea roja, o al menos donde no querrá negociar recortes, será los Servicios Sociales, uno de los más castigados en los últimos años.

Los populares están por la labor para que las cuentas salgan adelante y son receptivos al diálogo, aunque consideran que el equipo de gobierno del PSOE les trata de manera hostil. El PP presionará para que haya más inversiones en Mérida, que es lo que queda, algo que choca con la actual filosofía del PSOE, que considera que en esta legislatura, con todo el sufrimiento que ha provocado la crisis, lo primero son las personas. Si esto es así, las únicas inversiones que habrá en Mérida vendrán del gobierno regional o nacional, que algunas tiene pendiente, como la ampliación del museo visigodo o la remodelación del teatro cine María Luisa.

Para Mérida Participa, la marca de Podemos en la ciudad, las prioridades son los derechos sociales y el empleo, propuestas aceptables para el PSOE, como ya ocurrió con la declaración de Mérida como ciudad libre de desahucios. También quieren que se contraten más trabajadores sociales, que aunque son necesarios se vuelve a lo mismo, más personal cuando el equipo de gobierno está inmerso en lo contrario, y más gasto público.

Más crudo se lo van a poner al PSOE los concejales de IU.  No porque muchas de las propuestas de esta formación puedan ser asumidas por los socialistas sin problemas, sobre todo las que se refieren a servicios sociales, sino porque también conllevan más gasto público y contratación de personal. Pero IU se cura en salud y propone, al menos, de donde sacar el dinero, que es aumentando la carga fiscal a los que más tienen, como incrementar el IBI en un 10% a los propietarios de viviendas de mayor valor catastral, del IAE a las empresas que facturen más de un millón de euros anuales y del impuesto sobre vehículos a los automóviles y motocicletas de mayor cilindrada.

Ahora sobe el equipo de gobierno pesa una gran losa. Si ya de por sí el ayuntamiento debe aguantar el pago de servicios que no son de su competencia poniendo buena cara, como es el conservatorio municipal, unos 800.000 euros anuales, viene el anuncio de la Junta de Extremadura de exonerar del pago del IBI a los edificios sanitarios de la ciudad, unos 700.000 euros anuales, lo que no deja de ser un varapalo para que cuadren las cuentas municipales. Además, neutraliza los dos millones de euros que recibe Mérida de la Junta por ser capital de Extremadura.

 

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