Álvaro Vázquez Pinheiro

Portavoz IU Ayuntamiento de Mérida


La superioridad de la gestión de lo privado frente a lo público ha sido uno de los argumentos más recurrentes para la defensa de la privatización de los servicios públicos , y que los partidos mayoritarios han situado en lugar privilegiado en la construcción de sus respectivos programas. Lo cierto es que no existe ninguna evidencia científica que avale ese presupuesto, pero ya que los argumentos a favor y en contra son conocidos por todos, quizás sea el momento de someterlos a la dura prueba de la realidad, y para ello, creo que lo más oportuno es utilizar un ejemplo que nos sea cercano a todos: Vectalia y el servicio de autobuses urbano de la ciudad de Mérida.

La historia es larga y penosa, como lo son sus resultados.
Lo cierto es que las consecuencias de la privatización defendida y ejecutada en su momento por el PP, no se hicieron esperar: desde el primer momento se encareció el billete, se impuso la zona azul, los trabajadores vieron como empeoraban sus condiciones de trabajo, hasta el punto en el que los conductores no se separan del volante ni un minuto durante sus ocho horas de trabajo, con los riesgos que supone en términos de seguridad.

Y Suma y sigue, pues los efectos siguen extendiéndose a medida que se aplican las cláusulas de ese contrato que poco menos que iba a mostrarnos las virtudes de la gestión privada frente a la obsoleta ineficiencia de esa antigualla que es la gestión pública. El despido de trabajadores, la reducción del número de líneas de 8 a 4 y la reducción severa de la frecuencia con la que los autobuses atienden las paradas de 15 a 30 minutos, son el producto de una privatización que obedece a un proyecto planificado por una empresa y aceptado por un ayuntamiento.

A nuestro modo de ver esto se debe únicamente a dos motivos: el primero es que a la empresa le importa un carajo las necesidades de los vecinos y la calidad del servicio; la única motivación de Vectalia –que para eso está- es que nuestro dinero pase a sus bolsillos; el segundo motivo fue la connivencia del Ayuntamiento con la empresa; eso y la inutilidad de un gobierno municipal y de sus propuestas.

Lo peor de todo es que la privatización siempre se han justificado desde el punto de vista de los costes y de la mejora de la eficacia. Según esto, se nos decía que el servicio sería mucho más barato para el Ayuntamiento, y que a partir de ahora no tendría que desembolsar más que 750.000 euros año. Pues bien, según los datos de 2016, el coste del servicio ha sido de 1.400.000, casi el doble, es decir más o menos lo que costaba antes, con el matiz de que antes no teníamos que pagar la zona azul y ahora sí. Un detalle sin importancia, poca cosa. Eso y lo que ya hemos señalado más arriba.

Algunos dirán que el ayuntamiento sólo podrá prestar los servicios que pueda pagar, y puede que sea así, pero si hasta ahora ha sostenido unos autobuses que atendían un recorrido de 709.702 Km/año, reducirlo a 354.658 Km/año lo único que mejora son los márgenes de rentabilidad de la empresa, que en realidad es la única que se beneficia por la aplicación de una oferta que ella misma elaboró y presentó. Llamar a este proceso reestructuración es poco menos que un insulto. Esto se llama recorte, mala gestión, e incompetencia manifiesta, que como siempre al final recae sobre aquellos que necesitan utilizar el servicio para desplazarse en nuestra ciudad.

Otros dirán, ¡¡¡pues que se cambie!!! No chico, no se puede. Salvo situaciones excepcionales, las condiciones del contrato deben mantenerse inalterables durante toda su vigencia, que en este caso es de 25 años, y esto no ocurre así únicamente en lo que respecta a los autobuses, si no que se aplica de idéntica manera al conjunto de los servicios privatizados. ¿Que se ha producido un error? Pues mala suerte. ¿Qué el contrato perjudica a los emeritenses? Pues es lo que hay. ¿Qué sólo beneficia a la empresa? Pues así es la vida. No es un error, es la privatización, amigo.

Una vez que se ha firmado el contrato, la decisión recae con el peso de la sentencia firme que no se puede apelar. La pregunta más evidente ante una situación como esta índole es : ¿pueden preverse con 20, 25, 30, o 40 años anticipación las necesidades que tendrá la ciudad con respecto al servicio de autobuses, o con respecto al uso del Mercado Calatrava, por ejemplo? Pues no. Ese es el uno de los problemas más evidentes y sobre el que los partidarios de la privatización de los servicios públicos suelen pasar de puntillas con la gracia y la delicadeza propia de los bailarines del Bolshói.

¿Por qué ocurre esto? Eso es sencillo de explicar: la legislación que regula estos asuntos tiene no principal finalidad la protección de los servicios públicos, si no más bien la defensa de los intereses de los empresarios. Por supuesto, a costa del resto de los intereses implicados, es decir de los tuyos.

Nunca he alcanzado a entender que alguien se presente a unas elecciones para gestionar una ciudad, y seguidamente, afirme que para que las cosas funcionen es necesario que todo lo gestione otro, en esta caso una empresa privada. ¿Para qué se presentan a las elecciones, entonces? En realidad, cuando un gestor público defiende una privatización lo único que pone de manifiesto es su propia incompetencia.

Finalmente, la iniciativa que –supuestamente- tenía como objeto mejorar el servicio terminará por desahuciarlo, arrumbado en sus propias miserias. Si con anterioridad al recorte de las líneas la calidad del servicio era cuestionable ¿quién va en la actualidad a utilizar unos autobuses que en el mejor de los casos tendrán una frecuencia de 30 minutos por parada?¿cuánto tiempo se necesitará para llegar a un destino cuando tengas que hacer trasbordo?

El único balance de la privatización es que pagaremos a una empresa por realizar un servicio que no le vale a nadie. No es un ejemplo gestión, es un ejemplo de privatización.

Por último, una pregunta: ¿puede funcionar un servicio público cuando las personas que se encuentran a su cargo no lo defienden? Yo creo que no.

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