El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo para 2023, que cuenta con una dotación de 49.064.000 euros y permitirá contratar a unos 3.000 trabajadores en servicios de interés general para los ayuntamientos de la región.


Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, quien ha manifestado que este programa, que se lleva a cabo desde el año 2021, «es la mayor apuesta» de las administraciones para «romper el desempleo de larga duración, sobre todo en el mundo rural».

La finalidad de este programa es la contratación de personas desempleadas pero también la de mejorar la empleabilidad y ayudar los ayuntamientos a prestar mejores servicios en áreas como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que se contribuye a fijar población en el ámbito rural.

También ha destacado la participación de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres en este programa, al que aportan 12 millones de euros.

González ha valorado además el compromiso de la Junta de Extremadura con el municipalismo, algo que ha considerado «clave» por las características de la región, y, por tanto, ha asegurado, es necesario «dotar de una financiación adecuada» a los ayuntamientos.

En relación con el objetivo de fijar población al territorio, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que hay dos ejes fundamentales como son disponer de empleo y vivienda. En este sentido, se ha referido a que las dos medidas más destacadas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno pertenecen a esas dos áreas.

Por una parte, el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo, y, por otro lado, el acuerdo al que se ha llegado con el Ayuntamiento de Mérida para la constitución del derecho de superficie destinado a la construcción de viviendas de alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes y sostenibles.

Juan Antonio González ha recordado que la Junta de Extremadura hizo un llamamiento a los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes para que pusieran suelo público urbanizado a disposición de la administración regional, con el objetivo de llevar a cabo el programa de construcción de viviendas para alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes, que está dotado globalmente con 23 millones de euros y está acogido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A ese llamamiento, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, han respondido ya tres ayuntamientos, los de Mérida, Cáceres y Montijo, y será Mérida el primero con el que se formalice este contrato que va a permitir incrementar el parque de vivienda destinado a alquiler asequible mediante la colaboración público-privada entre la administraciones autonómica y local y el sector empresarial.

La previsión es que el Ayuntamiento de Mérida ponga a disposición el suelo público para una concesión del derecho de superficie de 50 años para el alquiler de las viviendas, mientras que la Junta de Extremadura licitará los terrenos y concederá una subvención de 700 euros por metro cuadrado de vivienda, hasta un máximo de 50.000 euros por vivienda, para la construcción de los hogares.

Juan Antonio González ha precisado que se establecerá un precio máximo de alquiler de 5,31 metros por metro cuadrado, precio que estaría por debajo del nivel medio del alquiler que hay en Extremadura, que se sitúa en 5,8 euros. Como ejemplo, ha indicado que para una vivienda de 90 metros cuadrados el precio del alquiler sería de en torno a 450 euros.

Asimismo, la previsión es que se construyan un total de 45 viviendas en esa parcela, que está situada en el PIR La Calzada, de Mérida, en una zona totalmente urbanizada y donde ya viven muchas familias.

TARJETA SATE

Por otra parte, en su comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz ha avanzado que desde el pasado sábado, día 21 de enero, son ya 1.500 personas más las que tienen la tarjeta SATE (transporte subvencionado) que permite viajar de manera gratuita en líneas de transporte interurbano de viajeros por carretera dentro del territorio de la región, es decir, a una media de 500 personas cada día.

Juan Antonio González ha destacado la buena acogida de esta medida e incluso ha asegurado que se están superando las expectativas, al tiempo que ha animado a los extremeños y extremeñas para que soliciten esta tarjeta, cuya expedición tiene un coste de 6,75 euros para público en general y la mitad de ese precio para personas a partir de 60 años de edad.

Para formalizar la tarjeta solo es necesario, ha recordado González, una declaración responsable, una fotografía reciente en color y el justificante de haber abonado la tasa correspondiente.

La convocatoria pública de subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera se publicó el viernes, 20 de enero, en el Diario Oficial de Extremadura, por lo que los 100.000 extremeños que ya poseían esa tarjeta pueden viajar de forma gratuita por todo el territorio regional. Para el resto de ciudadanos es necesario formalizar dicha tarjeta con la única condición de estar empadronado en algún municipio de Extremadura.

AGROEXPO

El portavoz de la Junta de Extremadura ha hecho también una valoración de la nueva edición del certamen Agroexpo, que comienza hoy, y que ha definido como «el mejor escaparate del enorme potencial» del sector agrícola y ganadero extremeño, así como de su industria asociada.

De esta XXXV edición ha destacado especialmente que se vaya a centrar en «la importancia del agua y de su uso eficiente y sostenible». En este sentido, ha subrayado que una de las principales apuestas de la Junta de Extremadura es contar con un regadío «sostenible, eficiente y digital» con el objetivo de alcanzar una agricultura moderna y competitiva.

Esa política transformadora, ha dicho, se ha podido comprobar con los trabajos que se han realizado en Villanueva del Fresno, el hecho que ya sea una realidad la Comunidad de Regantes de Orellana, el convenio que se firma hoy con la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar y los procesos de ejecución de los regadíos de Tierra de Barros y Monterrubio de la Serena.

Estos proyectos -ha enfatizado- van a suponer «un revulsivo social» para esas comarcas, ya que el regadío «es una de las principales pujanzas» de la región y «una oportunidad para Extremadura».

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