Agustín Plaza Aguado
Cuando en este mismo espacio he reivindicado de forma rotunda lo público, manifestándome en favor de la eficacia del Estado y de la necesidad de mantener y potenciar el estado del bienestar es posiblemente, porque las clases humildes y trabajadoras, de las cuales formo parte, no hemos concebido otra forma de abordar la formación si no es desde la escuela y la Universidad pública, y tampoco entendemos la sanidad si no es desde el ámbito público.
El siglo XXI se está convirtiendo en una sucesión de crisis, todas ellas, en lo que a la parte económica atañe, han tenido un denominador común: han sido soportadas por las clases bajas, medias y trabajadoras (lamentablemente la izquierda últimamente sólo habla de clases medias y trabajadoras, no mencionando a la clase baja, principal responsable de sus victorias electorales, quizá alguien debería analizar esta realidad).
En las últimas semanas, estamos asistiendo a un mercadeo bochornoso y ruin de dirigentes de comunidades autónomas peleando por ver “quién la tiene más larga” en cuanto a rebajas fiscales se refiere, y, como siempre, gana la Sra. Ayuso, al igual que en procedimientos penales por la masacre que las decisiones políticas produjeron en residencias de mayores con gestión privada, en su Comunidad.
En la mayoría de los casos, estas rebajas, adornadas de mentiras, esconden el interés de la oligarquía económica, representada por la derecha de este país, de reducir lo público en favor de lo privado, lo que, además de un insulto a la mayoría de la sociedad, es un insulto a la inteligencia (a la que condenó a muerte un fascista, ahora hace 86 años, como Millán Astray antes de asesinar a Unamuno, que, por si alguien aún no lo sabe, era republicano y muy de derechas).
Que nadie olvide que el Sr Rajoy que ganó unas elecciones en 2011 prometiendo rebajar impuestos, lo que hizo fue subirlos, los directos con fuerza a las clases medias y los indirectos con mayor afectación a las clases bajas y medias, en ningún caso las clases más pudientes se vieron perjudicadas.
Con el desarrollo del Estado de las autonomías el estado central fue delegando competencias y ha sido desde el ámbito autonómico desde donde se han configurado, entre otros , la sanidad y la educación en cada una de las autonomías, y es evidente que en general , y en especial en las regiones periféricas, como Extremadura ,la situación sanitaria y educativa ha mejorado considerablemente , pero también es cierto que las desigualdades se han hecho cada vez más visibles , basta analizar el gasto en sanidad por habitante por comunidad y las estrategias de gestión, para comprobar cómo en muchas autonomías se sigue pretendiendo , y en algunas ya se está consiguiendo, que el sistema sanitario sea débil y complementario de los seguros privados, que obviamente no cubren las terapias más costosas ni atienden con solvencia trasplantes ni dolencias especialmente graves, de hecho hoy día nadie , salvo las grandes compañías sanitarias en cuyos consejos medran expolíticos , financieros y sus familias , se imagina una situación como la americana , donde un enfermo de cáncer se muere sin tratamiento o se hipoteca o arruina por intentar curarse, sirva un dato , un trasplante de corazón en España cuesta, gracias al sistema público gratuito y universal, poco más de 90.000 euros, mientras que en Estados Unidos, con un sistema privado, un trasplante de corazón cuesta 1,5 millones de dólares, gracias a nuestro Estado del bienestar, los españoles se hipotecan por comprar un coche o una casa, pero nunca por tener que hacer frente a un tratamiento de cáncer.
En cuanto a la enseñanza universitaria, el modelo va americanizándose ,con la inestimable colaboración de los dirigentes de muchas universidades públicas, devaluando cada vez más las titulaciones o grados y exigiendo la realización de Master postgrado ,la mayoría de ellos con un coste elevado , , manteniendo unos niveles de calidad y de prestigio ínfimos, con sagas , grupos y clanes de dirigentes pululando desde hace años por los entornos educativos e intentando rebañar de uno y otro sitio para trabajar poco , medrar más y vivir cada vez mejor.
Pese a esta lacra, realmente aún estamos lejos de tener que planificar con muchos años, cómo hacen los americanos, con planes de ahorro para soportar los gastos de la universidad de los hijos, pues el coste anual no baja de 50.000€ y la media de las titulaciones es de 4 años.
Si analizamos quién está detrás de las principales empresas de formación universitaria y máster en nuestro país, volvemos a encontrarnos con expolíticos, financieros y organizaciones religiosas, y para todos ellos un mismo enemigo: lo público.
Ha sido patético comprobar como algunos lideres y lideresas autonómicas y municipales, que también la “tienen más larga” en favorecer a familiares y amigos para “trincar” sin escrúpulos, durante la pandemia, asustados por lo que sus decisiones políticas habían ocasionado, pedían más Estado, de forma urgente y con cargo y carga al gobierno central, la cuestión era culpar al gobierno de Sánchez y liberar su responsabilidad, ahora, pocos meses después, pero con la vista puesta en las próximas elecciones y en la estrategia de acoso y derribo al gobierno, insisten en bajar impuestos , especialmente a las rentas más altas y a las grandes empresas , con el único fin de seguir menoscabando el Estado del bienestar y favoreciendo la enseñanza y la sanidad privada, ajenos a la realidad de millones de españoles, que su única protección es el mantenimiento del estado del bienestar, y a los que con su propaganda incluso tienen convencidos para que les otorguen su voto.
Proteger a los ciudadanos y especialmente a los más vulnerables debe ser la prioridad número uno del Gobierno, así como conseguir erradicar la desigualdad entre españoles y los desequilibrios territoriales, por este motivo, se hace urgente e imprescindible avanzar en un modelo de financiación para las autonomías que basado en la responsabilidad fiscal del Estado y de cada autonomía, respetando los principios de igualdad, solidaridad ,y cohesión, ponga a disposición de la sociedad unos mínimos de estado del bienestar obligatorios, sin los cuales ninguna autonomía podría rebajar la presión fiscal , obligándose legalmente el Estado a una redistribución más justa, al margen de la presión política de los partidos, que alejados de cualquier criterio ideológico venden su voto favorable a los presupuestos generales del Estado. al mejor postor.
