El anuncio realizado por el delegado de personal del ayuntamiento, en el que da a conocer la convocatoria de un proceso selectivo para reforzar el personal destinado en los Información, Valoración y Orientación (SIVO) de Atención Social Básica del ayuntamiento, esconde un recorte del 45% del presupuesto, con respecto a años anteriores.

En 2019 el dinero destinado inicialmente por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento a esta finalidad era de 620.731,94€, mientras que las cantidades referidas a 2021 son de 334.000€. El importe aplicado a este concepto es ahora apenas el 55% del destinado en 2019. Todo esto, según los datos elaborados por la propia delegación de personal del ayuntamiento de Mérida incluidos en los presupuestos municipales de 2020.

Así, en 2019 el Ayuntamiento aportó 238.000€ a este programa, mientras que durante los años 2020 y 2021 el importe apenas ha superado los 34.000€ anuales. Esto supone que, la cantidad que dedicó el ayuntamiento en el periodo anterior a la pandemia, es siete veces superior a la que piensa gastar por este mismo concepto en cada uno de los años que corresponden al estallido y el desarrollo del COVID-19.

La reducción de los importes con los que se atiende al programa que sirve como uno de los pilares de servicios sociales, tiene su origen en el convenios celebrado por el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura en un periodo en el que Osuna ya disponía de mayoría absoluta, y en el que todavía no había hecho aparición la pandemia, por lo que el recorte no puede explicarse por motivos presupuestarios, y menos aún, en un ejercicio en el que el ayuntamiento obtuvo 9 millones de superávit.

La aparición de la pandemia ha provocado un agudización de la crisis económica que se traducirán en un aumento considerable de la desigualdad, lo que implica la necesidad de incrementar los fondos destinados a prestaciones y al personal destinado a los servicios sociales, un extremo reconocido por el gobierno de Osuna, pero que no acompaña con los hechos.

En estos términos, no alcanzamos a entender cuales son los motivos que empujan a los distintos gobiernos en la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento a recortar las asignaciones presupuestarias en un servicio que se reconoce como básico y esencial en la propia normativa; del mismo modo que creemos que el gobierno municipal debería explicar cuáles son los motivos por los que no ha exigido una modificación del convenio celebrado con la Junta de Extremadura para incrementar los fondos destinados a los servicios de atención social básica, una vez que se hizo aparición la pandemia.

Resulta patético que el mismo delegado de personal que hace mención a “la demanda de participación, transparencia y rendición de cuenta(..) que la sociedad nos exige” en el texto de la convocatoria del proceso selectivo que se abre con motivo de este programa, sea el mismo que oculta la realidad de estos datos a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

Por todo ello, acusamos al delegado de personal del ayuntamiento de Mérida de manipular a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a la hora de presentar la contratación de trabajadores sociales y educadores sociales como un forma de refuerzo, cuando en realidad se está llevando a cabo un recorte de los fondos destinados a la información, orientación y observación realizada por los servicios sociales municipales.

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