Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos) considera que el procedimiento establecido por el ayuntamiento para la concesión de la ayuda municipal para el material escolar dificulta la participación de las familias vulnerables. La convocatoria de la ayuda para la adquisición de material escolar destinada al alumnado empadronados en nuestra ciudad que cursen estudios de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Enseñanza Secundaria Obligatoria, establece plazos innecesariamente cortos para la aportación de la documentación requerida para obtener una cantidad de documentación que dificulta la participación de la familias con mayores dificultades económicas y sociales.

 Según las bases aprobadas por el Ayuntamiento, las personas que soliciten estas ayudas deberán aportar toda una serie de documentación, que según la normativa vigente, debe ser recabada por la administración municipal, y no  por las personas solicitantes, desde el momento en el que la documentación solicitada son documentos expedidos por las distintas administraciones, y en algunos de los casos, por el propio ayuntamiento.

 Así, tanto por el volumen de documentación, como por lo limitado del plazo establecido para su presentación, nos encontramos con un procedimiento dirigido a las familias en situaciones extraordinarias de especial vulnerabilidad que, por sus propias circunstancias,  no suelen estar habituadas con las peculiaridades de los procedimientos tramitados por las administraciones públicas, y por tanto, viene a dificultar la participación de las personas a las precisamente están dirigidas.

 Como resultado de la complejidad de los requisitos impuestos a las familias destinatarias de estas ayudas, en convocatorias anteriores se ha dado la circunstancia por la que en algunos centros educativos especialmente significados con el perfil de los destinatarios, el número que familias que finalmente obtuvieron la ayuda ha sido meramente anecdótico, un resultado que a todas luces pone de manifiesto las carencias de diseño del procedimiento.

 Por todo ello, entendemos que el ayuntamiento ha obviado alguna de los rasgos esenciales a los que debería atender a la hora diseñar procedimientos de esta naturaleza, al no tener en consideración el perfil y las competencias socio-económicas de sus destinatarias, a los que iguala con aquellas personas que disfrutan de un nivel económico y cultural más elevado.

 Según lo anterior, exigimos al ayuntamiento que tenga en consideración las características de los perfiles sociales de las personas a las que van dirigidas sus actuaciones a la hora de diseñar la tramitación de los distintos procedimientos, al tiempo que rogamos un nivel de empatía acorde con la función pública que tiene la obligación de desarrollar.

Finalmente, en nuestra opinión, la situación creada por este tipo de procedimientos, pone de relieve la necesidad de contar con la participación de los destinatarios de estas ayudas a la hora de determinar los mecanismos que arbitran las ayudas, como la fórmula más adecuada para evitar este tipo de situaciones.

Fdo: Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos)

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