Unidas por Mérida (Izquierda Unida-Podemos) se opone al cierre del colegio Juan XXIII, y lo califica como un nuevo ataque de la Junta de Extremadura a la educación pública. El cierre de este centro público de la ciudad, así como los practicados en los últimos años de “El Cristo” en Villanueva de la Serena y “Ntra. Sra. de Guadalupe” en Conquista del Guadiana, pone de manifiesto que el modelo educativo defendido por el PSOE desde la Junta de Extremadura no es otro que el de la privatización de la enseñanza.
El cierre de un centro público en la ciudad de Extremadura con mayor presencia de centros concertados, pone en evidencia la falta de interés de la Junta de Extremadura en atender las necesidades de la comunidad educativa desde un modelo educativo público e inclusivo, tal y como promulga la nueva ley de Educación (LOMLOE). En lugar de poner en práctica los principios y artículos de dicha ley, el propio PSOE en Extremadura continúa en su línea de desmantelamiento de la educación pública, desvío de financiación a la concertada, masificación de las ratios y desatención a las necesidades educativas del alumnado.
Hay que señalar que el cierre se produce en uno de los barrios en los que la oferta de servicios y equipamientos públicos resulta del todo insuficiente, y que además sufre un progresivo envejecimiento de su población, una circunstancia que se verá agravada con la medida adoptada unilateralmente por la Junta de Extremadura, sin molestarse siquiera en consultar ni al Consejo Escolar del centro y por tanto tampoco a su alumnado familias y profesionales, ni a las organizaciones sindicales.
Las palabras de Francisco Amaya en rueda de prensa (canal por donde las familias y buena parte del centro han conocido la noticia), son todo un despropósito. En ellas utiliza torticeramente los datos de absentismo y abandono escolar, sin asumir que ante los esfuerzos y avances pedagógicos y sociales que el centro ha ido consiguiendo con sus distintos proyectos educativos, la Secretaría General de Educación que ostenta y la Consejería de Educación no han hecho más que poner palos en las ruedas, limitando su plantilla y recursos sin tener en cuenta las necesidades educativas de su alumnado.
Un alumnado que adora su centro al igual que las familias, porque en él se practica a pesar de la falta del abandono desde la Junta de Extremadura, la EDUCACIÓN con mayúsculas. La que tiene presente cada día que para que nuestras niñas, niños y jóvenes salgan adelante, hace falta trabajar de forma integral con el conjunto de la comunidad educativa. Una comunidad que lo único que ha necesitado y pedido siempre es apoyo, recursos y una verdadera apuesta por la educación pública e inclusiva por parte del partido político en el gobierno regional.
Un alumnado que según palabras del secretario, ahora se verá más incluido, a pesar de que debe irse obligado a otros centros (y ya no quedará ninguno público en la zona) donde no son aceptados, estarán más masificados y donde tampoco habrá recursos y coordinación entre administraciones para atender al alumnado más vulnerable. “Derribamos vuestra casa sin consultaros y sin haberos ayudado, pero es por vuestro bien”, parece querer transmitir a la comunidad educativa quien toma unilateralmente la decisión de cerrar un colegio público.
En nuestra opinión, resulta incongruente plantear el cierre de centros públicos, en una ciudad en la que la demanda de educación pública es superior a la ofertada, por lo que resulta mucho más razonable adoptar medidas que permitan una distribución más adecuada acorde a los medios disponibles.
La disminución drástica del número de alumnas y alumnos en nuestra región es una realidad que la Junta de Extremadura no puede eludir, y según el Instituto Nacional de Estadística puede traducirse en una reducción de cerca del 20% en los próximos 18 años. En estos términos, hay que señalar que la normativa actual señala expresamente el papel subsidiario y complementario de la educación concertada dentro del sistema educativo español, por lo que la disminución del número de niños y niñas en edad escolar no puede traducirse en la preeminencia de la enseñanza concertada, sino muy al contrario, en la progresiva desaparición de la misma, de acuerdo con las orientaciones que justifican su existencia.
Este descenso de alumnado debe entenderse por la Consejería de Educación como una oportunidad para disminuir la ratio de alumnos por aula, y no como la premisa para el cierre de centros públicos en un contexto generalizado de incremento de recursos destinados a la enseñanza concertada, que supone la progresiva privatización del sistema educativo.
En definitiva, el cierre del colegio Juan XXIII es una muestra de la orientación ideológica de una administración que en lugar de promulgar la inclusión y una educación de calidad, apuesta por ratios más altas, la segregación y abandono de la atención a las necesidades educativas reales de nuestra infancia y juventud y la progresiva privatización de la educación.
