NOTA DE PRENSA


Unidas por Mérida llevará al pleno una moción para intentar paliar los recortes que la Consejería de Educación y Empleo ha impuesto en el Colegio Giner de los Ríos.

La decisión adoptada por la Consejería de Educación y Empleo para recortar el personal del centro destinado a atender al alumnado con necesidades educativas especiales ha puesto de manifiesto la ausencia de criterios y la improvisación con la que actúa la Junta de Extremadura y la Inspección Educativa en esta materia, hasta el punto en el que la situación tuvo como consecuencia la dimisión voluntaria del equipo directivo del centro.

 En la actualidad, el colegio Giner de los Ríos debe atender a 42 alumnos con necesidades educativas especiales, según los informes y diagnósticos elaborados por el personal de orientación de la propia consejería, de los cuales 33 requieren la atención de un maestro de educación y lenguaje.

 A pesar de ello, la inspección educativa ha tomado la decisión de eliminar una de las dos plazas de maestro de audición y lenguaje, lo que limita extraordinariamente los recursos de este centro para atender a los alumnos -hasta el punto en el que diez de ellos han dejado de ser atendidos- y que son precisamente los que  desde el punto de vista de sus capacidades de aprendizaje resultan los más vulnerables.

 Esta decisión del servicio de Inspección ha sido defendida por la propia consejería de educación y empleo, aduciendo la aplicación de una ratio que en realidad no viene contemplada en la normativa vigente; un hecho que evidencia la necesidad de que la titular de la consejería dé las oportunas explicaciones y rectifique tanto las declaraciones vertidas hasta la fecha- que no se ajustan a la normativa de su propia consejería- así como la decisión de recorte de personal que están sufriendo el centro.

 En la actualidad, la normativa que regula la asignación del personal dedicado a los alumnos con necesidades educativas especiales no contempla criterios objetivos que determinen la cantidad o las ratios mínimas que debe destinarse a estas funciones en los centros educativos de nuestra región, ni por tanto de nuestra ciudad, lo que se traduce en situaciones como las producidas.

 Por otra parte, las instrucciones aprobadas por la propia consejería de educación y empleo imponen la necesidad de no romper los espacios y grupos de convivencia del alumnado, con el propósito de aumentar la protección del alumnado frente a la propagación del COVID, lo que resulta contradictorio con arreglo a decisiones adoptadas en el Colegio Giner de los Ríos.

 Así, la ausencia de criterios mínimos en la asignación de recursos, las carencias técnicas de la normativa, y la falta de regulación de aspectos esenciales de la actividad de la administración se han traducido en decisiones ineficaces –y arbitrarias- cuyas consecuencias recaen principalmente sobre el alumnado afectado y los profesionales que ven como la disminución de los recursos asignados por la administración deviene en un empeoramiento de la calidad de la educación que se imparte en nuestra región.

 Finalmente, rogamos a la Consejera de Educación y Empleo, que aplique con mayor intensidad un criterio de prudencia y solvencia tanto en las opiniones vertidas, como en la defensa de las decisiones adoptadas por los distintos órganos que se encuentran bajo su dependencia.

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