La campaña iniciada por el gobierno municipal para incentivar el consumo local supone una iniciativa orientada en la buena dirección como mecanismo para fomentar la demanda de los productos ofrecidos por el pequeño comercio, aunque adolece de fallos evidentes que ponen en tela de juicio su eficacia y equidad.

Como ya aportamos a la hora de apoyar en pleno los presupuestos del 2020, las medidas y las inversiones públicas excepcionales que requiere la situación actual debían encaminarse y adaptarse a los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, destinando la mayor amplitud de recursos posibles y estableciendo los tramos de ayuda adecuados para cada situación.

Así, hubiera sido mucho más oportuno y eficaz destinar el montante de estas ayudas a las familias con menos recursos, que sí necesitan un aumento de su capacidad de consumo y que hubiera garantizado la aplicación íntegra del presupuesto destinado a esta iniciativa a los fines que se propone.

Por el contrario, el reparto de los bonos sin atender a criterios de renta implica la financiación de la capacidad de consumo de familias y particulares que, posiblemente, no van a incrementar sus gastos mensuales, ya que disponen de los medios suficientes para adquirir todo aquello que necesiten sin apoyo municipal adicional por lo que, la aportación del bono municipal, no juega un factor decisivo en la opción del consumidor a la hora de realizar sus compras, pues no precisan ayudas públicas para ello.

Desde Unidas por Mérida nos preguntamos si es necesario que el ayuntamiento aporte fondos para que personas como el alcalde, con un sueldo de 60.000 euros, compre cualquier artículo, en cualquier establecimiento de nuestra ciudad, que puede comprar en cualquier momento, con bono o sin él. En nuestra opinión, esta imagen pone de manifiesto uno de los principales errores de la campaña diseñada por el gobierno de Rodríguez Osuna.

La aplicación de un criterio de renta para definir a los beneficiarios de la medida, hubiera apostado más claramente por servir de apoyo a las familias más necesitadas actualmente, que el ayuntamiento puede identificar a través de la relación de perceptores de la renta básica, las ayudas destinadas a los mínimos vitales o el llamado fondo de garantía familiar, entre otros, sin menoscabar el principal objetivo de la propuesta de impulso del consumo en beneficio del comercio local. Por otro lado, toda esta información selectiva y nominativa que parece compleja se simplifica estableciendo un mecanismo de gestión informática como es la App diseñada al efecto que, obviamente, no ha sido optimizada hasta este punto.

Resulta evidente que el impacto de una medida dedicada al fomento del consumo resulta más eficaz si se destina hacia aquellas personas que habitualmente no disponen de la renta necesaria para satisfacer sus necesidades ya que, es de suponer, que a mayores necesidades, mayor propensión a ir a la compra; es decir, la aplicación del bono con criterio de renta, incluso su incremento o mayor proporción de la parte subvencionada, hubiera sido tremendamente eficaz.

Finalmente, consideramos que el reparto domiciliario de los bonos a través de los buzones particulares es poco menos que un despropósito en una ciudad en la que más de 5000 viviendas vacías, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y ello sin mencionar los robos que se han venido produciendo.  Este modo de distribución de los bonos resulta tan absurdo como tirar el dinero a la calle.

Por todo ello, desde la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, consideramos que el diseño de la campaña compromete la eficacia del gasto realizado, así como la equidad de sus resultados.

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