Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos) exige a la Junta de Extremadura que lleva a cabo la apertura de expedientes sancionadores para determinar las posibles responsabilidades en las que hayan podido incurrir las empresas y promotores de espectáculos públicos, en los que han incumplido las normas de las normas de distanciamiento social.

En las últimas fechas hemos asistido a la celebración de eventos como el Festival de Teatro Clásico de Mérida o la corrida de toros que tuvo lugar el pasado 28 de agosto en los que se ha producido flagrantes incumplimientos por parte de los organizadores a la hora de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social aprobadas por las distintas administraciones públicas.

La autorización para la celebración de estos eventos ha supuesto la imposición de una serie de limitaciones que se han respetado con carácter general, como son, la limitación en la venta de entradas y en aforo, o la obligatoriedad de llevar mascarilla durante la celebración de los diferentes eventos, que por otra parte se han visto desvirtuados a no llevarse a cabo una distribución de las localidades vendidas con arreglo a la normativa.

No obstante, los incumplimientos referidos a la obligación de respetar las normas de distanciamientos social han sido absolutamente claros y notorios, como se aprecian en las imágenes y el material gráfico que se han difundido de modo masivo en las redes sociales.

El incumplimiento de las normas de distancia social, como mecanismo de prevención para paliar la difusión del covid-19, supone la infracción de las disposiciones y normas aprobadas por la Junta de Extremadura, y que como tales tienen carácter obligatorio.

La Junta de Extremadura, como administración competente para la autorización para la celebración de espectáculos públicos de esta naturaleza, tiene la obligación de imponer las sanciones que se deduzcan por las infracciones cometidas, identificar a sus responsables y resolver las sanciones que corresponda en los términos establecidos por la normativa vigente.

La difusión a través de las redes de las condiciones en las que se han venido desarrollando estos eventos, con afluencia masiva de público, ha generado una alarma social nada desdeñable, que se traduce en la indignación de parte de la población ante la doble vara de medir con la que se exigen el cumplimiento de las restricciones impuestas con motivo de la pandemia a los diferentes sectores económicos y sociales.

En estos términos, la pasividad mostrada hasta la fecha por Junta de Extremadura, mina de una forma sustancial la legitimidad de las normas impuestas, así su cumplimiento, por parte de una población que asiste incrédula a una situación en la que se prohíbe la reunión de más de 10 comensales en una misma mesa, mientras que por otra parte se celebran actos multitudinarios a los que asisten miles de personas sin el menor respeto a las normas de prevención aprobadas debido a la extensión del covid-19.

Por todo ello, exigimos a los órganos competentes de la Junta de Extremadura a que inicie los trámites necesarios para identificar las posibles infracciones en las que se hayan incurrido, así como las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a sus responsables.

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